"Mobbing" en la Guardia Urbana: El Ayuntamiento expedienta al agente "más altruista" de Ciutat Vella

Presunto caso de "mobbing" o "acoso laboral" en la comisaría de la Guardia Urbana en Ciutat Vella, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El sindicato asegura que el cuerpo policial ha investigado y ha relegado de sus funciones a uno de sus agentes por incumplir una orden: ayudar a personas vulnerables en riesgo de exclusión. Y la Gerencia de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona le ha abierto un expediente disciplinario. El sindicato tiene la intención de denunciar el caso.

Cuando a finales de 2021 Ángel Sagués Gil, antiguo Jefe de la Unidad Montada del cuerpo policial, asumió el cargo de intendente de la Unidad Territorial de la Guardia Urbana en Ciutat Vella -en el marco de unas oposiciones recientes-, todo cambió para uno de los policías que trabajan en ella. Este guardia urbano, que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, recibió la orden por parte de su nuevo superior de dejar de hacer lo que más le llenaba en sus horas libres: la ayuda social. 

UN AGENTE CON SENSIBILIDAD SOCIAL

El afectado "lleva seis años en el equipamiento policial y siempre ha trabajado en la calle como patrulla", explican fuentes de CSIF a Metrópoli. Su buena mano con las personas sintecho y usuarias del CAS Baluard –centro para personas con problemas de drogodependencias y alcoholismo colindante con la jefatura, que se reubicará el próximo mes de octubre–, le llevó a ser el compañero al que llamaban otros policías para solventar cualquier situación complicada en la que estuviesen implicadas personas con problemas sociales

Este agente ayudaba a las personas en peligro de exclusión social en muchas situaciones: "Echaba un cable cuando había alguna pelea, las ayudaba a tranquilizarse, a salir de la droga e incluso a volver a su país", explican desde CSIF. Un claro ejemplo de ello fue el caso de Tzintli, una joven mexicana sin hogar que ejercía la prostitución en el Raval y a la que él y un compañero ayudaron a regresar a su país con su familia, hecho del que se hizo eco La Vanguardia. El policía no solo llevaba a cabo esta faceta durante su trabajo, sino que también invertía horas libres en ayudar a personas necesitadas.

RELEGACIÓN DE FUNCIONES

Los antiguos Intendentes de la comisaría de Ciutat Vella, Benito Granados y José Carlos Oliva, valoraban la sensibilidad del policía e incluso le llegaron a alentar a echar una mano en el turno de mañanas. Pero la incorporación de Ángel Sagués Gil supuso un giro de 360 grados, según CSIF. Al percatarse de las actuaciones sociales, el nuevo Intendente le ordenó que dejase de tener este tipo de interacción con el colectivo marginal. Le dijo que “no era su cometido” y le mandó que fuera de su jornada laboral tampoco ejerciese estas labores.

Siempre según la versión del sindicato, Sagués alegó que “por su seguridad y la de sus compañeros” debía de dejar de hacer servicio en la vía pública. Así, el 18 de febrero, el policía dejó de patrullar y pasó a estar en el punto fijo de la centralita de la jefatura. Una posición que se suele dar bajo demanda de los propios agentes.

INVESTIGACIÓN Y EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

A principios de mes, al agente le llegó una notificación por parte de la Unidad Deontológica de Asuntos Internos (UDAI) de la Guardia Urbana en la que se le informaba que se estaba investigando su caso. La unidad atribuyó el proceso a la “incapacidad por parte del mando de entenderse con el agente”.

Finalmente, el 23 de febrero, el policía recibió una notificación de la UDAI en la que se le informaba que la Gerencia de Seguridad y Prevención había "adoptado la resolución de incoación de un expediente disciplinario". En la notificación, a la que ha tenido acceso Metrópoli, se especifica el siguiente motivo: “Haber cometido una presunta negligencia en el cumplimiento de funciones o de las órdenes recibidas el pasado 8 de febrero”.

MEDIADOR CON UNA EMBAJADA

En la misiva, la Unidad Deontológica de Asuntos Internos informa al agente que “en cualquier momento del procedimiento se puede plantear la recusación establecida en el artículo 24 de la ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público". También se le informa que tiene "derecho a ser asistido por un letrado para la defensa de sus intereses" en la comparecencia que tendrá lugar este 1 de marzo en las dependencias policiales de la UDAI.  

Supuestamente, según CSIF, la desobediencia de la que se le acusa se habría producido cuando el agente local intervino como mediador entre una embajada y una persona con problemas graves, que necesitaba volver a su país con urgencia, para conseguirle un billete de avión. El agente llevó a cabo esta labor fuera de su horario laboral.

POSIBLES SANCIONES

La desobediencia de una orden como la que se le acusa al policía está tipificada como “falta grave” en el artículo 49 de la Ley de Policías Locales de Cataluña, bajo la que opera la Guardia Urbana de Barcelona. Las sanciones que se le podrían implementar al agente a causa de ello son las de "suspensión de funciones por más de quince días y menos  de un año, con pérdida de las retribuciones" o el "traslado a otro puesto de trabajo", entre otras. Este tipo de medidas también pueden suponer una desventaja para el agente si tiene la intención de promocionar en el cuerpo, apunta CSIF.

Según el sindicato, los compañeros de la comisaría están en "desacuerdo con las medidas que se han adoptado", pero no se pronuncian por "temor a represalias por parte de la dirección de la comisaría".  

DENUNCIA POR ACOSO LABORAL

Quien verdaderamente tiene miedo de sublevarse en contra de lo que ha ocurrido es el propio agente damnificado, detallan desde CSIF a Metrópoli. “Aparte de síntomas de depresión y ansiedad, el policía tiene dudas a la hora de denunciarlo como un caso de acoso laboral por temor a ser señalado y no poder promocionarse y crecer dentro del cuerpo", aseguran portavoces sindicales. "Hace tan solo unas semanas estaba estudiando para presentarse a cabo”, añaden.

El sindicato interpondrá una denuncia interna por acoso laboral contra el agente porque considera que se ha vulnerado el protocolo municipal. Argumentan que el veto de Sagués a las acciones altruistas en horas libres del policía es “una orden ilegal”, y que la relegación de funciones del agente y el "vacío por parte del intendente" son “claros ejemplos de mobbing”. CSIF añade que según cuál sea la respuesta elevarán la denuncia a otras instancias, como Inspección de Trabajo o iniciarán la vía judicial. 

"INCONGRUENCIAS" EN EL CUERPO POLICIAL

El secretario de Organización y agente de la Guardia Urbana Eugenio Zambrano detalla a este medio las “incongruencias” del cuerpo policial en este caso: “Es incomprensible que el Ayuntamiento de Barcelona haga gala de políticas asistenciales y que haya mandos que coarten a agentes que intenten desarrollar de forma profesional este tipo de actuaciones”.

Zambrano subraya que las decisiones de Asuntos Internos son “arbitrarias y contrarias a la ley”. Además, critica el procedimiento que ha llevado a cabo el intendente Sagués: “No se puede apartar de sus funciones operativas a un agente sin un expediente disciplinario. Incluso con eso no habrían motivos suficientes”, apunta en referencia a que el expediente disciplinario de la Gerencia de Seguridad y Prevención es posterior al cambio de funciones del agente.

Por último, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios achaca esta situación a la “falta de un líder el cuerpo de la Guardia Urbana” “Es un cuerpo policial que carece de liderazgo y este tipo de problemas lo demuestran”, sentencia Zambrano, en clara referencia a que el intendente mayor Pedro Velázquez no ejerce ese liderazgo.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han declinado contestar a los requerimientos informativos de este medio sobre el caso.