El Partido Popular exige explicaciones a Eloi Badia. El grupo municipal liderado por Josep Bou en el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado al concejal del distrito de Gràcia que dé explicaciones sobre su imputación por presunta malversación y prevaricación en la cesión del local okupa Tres Lliris.
Los vecinos de la zona, cansados de las molestias, se han querellado contra Badia y otros cargos municipales por la cesión de dicho local.
TRES LLIRIS
El PP pidió en el pleno del mes de abril que se anulara dicha cesión, pero Barcelona en Comú y el PSC, junto con la abstención de ERC y Junts, evitaron que la propuesta se aprobara.
“Hace un mes, Badia tuvo la cara de reconocerme en el pleno municipal que no había ningún problema con la cesión de este local a unos jóvenes okupas, la connivencia de este gobierno con el movimiento okupa es deleznable”, detalla el presidente del grupo municipal, Josep Bou, que recuerda que Barcelona es la capital de provincia con más okupaciones de España. “Se ha educado desde el gobierno como se tenía que okupar sin que te pasara nada”, añade.
Ambiente festivo en la terraza del casal Tres Lliris en una imagen de archivo / CEDIDA
"NO PODEMOS SEGUIR VALIDANDO LA OKUPACIÓN"
Bou espera que Badia, por responsabilidad política, explique esta imputación y dé explicaciones públicas sobre el caso del casal Tres Lliris. “No podemos seguir jugando y validando la okupación como hace el gobierno cada día”, arremete. El líder popular en Barcelona también recuerda que "Badia ya tiene muchos frentes judiciales abiertos".
Es el caso, por ejemplo, de la denuncia de la Fiscalía contra su persona y contra la incineradora Tersa, de la cual Badia es el presidente, por delito ecológico, en la que también se personará la plataforma Airenet.
NEGOCIACIONES CON EL AYUNTAMIENTO
El caso del Casal Popular Tres Lliris se remonta a noviembre del 2015 cuando se okupó esta antigua comisaría de la calle Nil i Fabra del distrito de Gràcia. Los okupas negociaron con el Ayuntamiento y en 2017, el gobierno de Colau les ofreció una cesión de uso de cuatro años, que terminaba en septiembre de 2021.
Cuando terminó la cesión, los okupas no se fueron, y el Ayuntamiento les renovó a principios de abril el convenio para cuatro años más.