Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) corrompió dos de las principales corporaciones públicas municipales barcelonesas, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción presentado en la Audiencia Nacional, en el sumario conocido como Caso 3%: la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BIMSA) y el Consorci d’Educació de Barcelona.
La Fiscalía implica en una trama corrupta a personas e instituciones de “distintas Administraciones con capacidad de adjudicar obras y servicios públicos en diferentes escenarios territoriales o institucionales”. Cita, entre otras, a Bimsa y al Consorci d’Educació de Barcelona. Además, implica en esa trama a Antoni Vives, exteniente de alcalde de Urbanismo en época de Xavier Trias, a Ángel Sánchez Rubio, director general de Bimsa y a Consantí Serrallonga, gerente municipal de esta empresa. Otro de los organismos afectados es el Port de Barcelona, en cuya gestión se imputa a Sixte Cambra y a Antoni Vives, que era también vicepresidente.
EL CÍRCULO DE ARTUR MAS
Vives, además de ser la mano derecha de Trias, era un hombre con ascendencia sobre el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, no en vano había sido secretario general de Mas cuando éste era conseller en cap. Cambra, por su parte, era una persona también muy cercana a Artur Mas. Exsenador de Convergència, Cambra fue nombrado presidente del Port cuando CiU recuperó la Generalitat en 2011, ante el enfado de Felip Puig, que ambicionaba ese cargo. A Puig le destinaron entonces a consejero de Interior, cargo en el que estuvo dos años, antes de ser nombrado consejero de Empresa y Trabajo.
La Fiscalía Anticorrupción cita como pruebas decenas de anotaciones en las agendas de los tesoreros de Convergència en las que figuran las reuniones con los responsables convergentes de los organismos citados y con los nombres de empresas a las que luego se adjudicarían contratos públicos a cambio de entregas de dinero encubiertas “como donación a dos fundaciones de CDC, Catdem y Fòrum Barcelona”.
Serrallonga, el último por la derecha, en un acto de la Fira / Archivo
LA MANO DE GORDÓ Y VIVES
En las agendas se sigue el rastro del dinero y los investigadores policiales llegaron a la conclusión de que cuando había que adjudicar los suculentos contratos de las obras municipales, siempre se producían reuniones clave entre los dirigentes del partido, los directivos de las empresas y los responsables de la Administración. Luego, se detectaban “donaciones” de las empresas beneficiadas a las fundaciones convergentes, en un círculo vicioso que dejaba al descubierto la trama corrupta.
Entre las obras de las que se desvió dinero, según el Fiscal, está la construcción del túnel de Glòries: “Antoni Vives, junto con Germà Gordó [exconsejero de Justicia y exgerente de CDC] decidieron que la adjudicación de tal concurso se concediera a una UTE que en absoluto tenía capacidad técnica, consecuencia de lo cual se produjeron retrasos en la ejecución de la obra y un desvío en su ejecución de gran entidad, superior incluso al 50% de lo presupuestado”. El monto de ese contrato fue de más de 60 millones de euros más IVA, lo que lo eleva a casi 73 millones.
En un principio, la UTE adjudicataria estaba compuesta por las empresas amigas Comsa (en la que coincidían la familia Sumarroca, cuyo patriarca fue uno de los fundadores de Convergència, y la familia Miarnau), Benito Arnó (que tenía como director general a Joan Albert Arquès, íntimo de Artur Mas) y Copisa. Pero Gordó y Vives hicieron que en la UTE se añadiese la compañía Romero Gamero (Rogasa). “Su inclusión se produjo justo inmediatamente después de una serie de reuniones” que mantuvo un directivo de Rogasa “con miembros de la Administración pública licitadora, de CDC y de la fundación Catdem. Incidieron en ello especialmente los acusados Viloca [se refiere a Andreu Viloca, entonces tesorero de Convergència], Vives y Gordó”.
PAGOS A CONVERGÈNCIA
Las empresas que se llevaron la concesión cotizaron a las arcas de Convergència. Así, el fiscal reseña que tres días después de que finalizara el plazo de presentación de las ofertas de licitación para los túneles de Glòries y al día siguiente de una reunión de Viloca con un directivo de Copisa, esta compañía ingresó 25.000 euros en la cuenta de Catdem. Tras la adjudicación formal, donó otros 25.000 euros. Se detectó también otro ingreso a cuenta de 40.000 euros de la misma empresa.
Túnel de Glòries en funcionamiento / AJ BCN
La fiscalía detalla también que las obras del Mirador de les Aigües, adjudicadas por 383.491 euros, se otorgó a la UTE formada por Oproler y Rubau Tarrés. Esta última compañía, dice el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, “se concertó con los acusados pertenecientes a CDC y a BIMSA para obtener la adjudicación ilícita de concursos públicos a cambio de la entrega de donaciones a Catdem y a Fòrum Barcelona. Lo hizo, en concreto, en los casos no sólo del Mirador de les Aigües, sino también en los del carril bici y la calle Luca”.
REGALOS A DIRECTIVOS
Así, la fiscalía consiguió facturas de productos gourmet de El Corte Inglés supuestamente destinados a cargos de BIMSA, como dos packs de “3 días de ensueño gourmet” por valor de 579,80 euros: el 8 de enero de 2014 dejaron un rastro inconfundible al hacer una factura bajo el concepto “Factura UTE bici, Obsequios BIMSA”. También se reseñaban comidas y “obsequios navideños”. Con la reurbanización de la calle Luca ocurrió algo parecido: un pack de “1.000 noches inolvidables” acabó en manos de un alto cargo de BIMSA, del que Fiscalía afirma que “a través de los partes comerciales, se comprueba que recibió numerosos regalos”.
Por otra parte, las obras del carril bici a que se refería eran las de Bac de Roda y Felip II, las de Josep Pla y Cantabria y las de la calle Provença, que en su conjunto costaron a las arcas municipales más de 1,2 millones de euros, también adjudicadas a esas dos empresas.
IGUAL ESTRATEGIA EN EDUCACIÓN
Una actuación similar se produjo en el Consorci d’Educació de Barcelona, en el que, tras adjudicar contratos de mantenimiento de edificios escolares a empresas amigas, éstas cotizaban al partido. En dos lotes para ese servicio, uno fue adjudicado a una UTE formada por Constraula Enginyeria i Obres y 1953 Grup Soler Constructora. La primera empresa era propiedad de Teyco, una compañía controlada por la familia Sumarroca, cuyo patriarca era uno de los fundadores de Convergència y cuyas adjudicaciones públicas siempre estuvieron en entredicho por la amistad de Carles Sumarroca con Jordi Pujol. Ese lote salió a licitación por unos 5,4 millones de euros y englobaba los edificios de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia.
El segundo lote recayó en Copisa, que se llevó unos 5,6 millones con el contrato para el mantenimiento de los centros de Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. “La adjudicación ilícita tuvo como contraprestación la entrega, encubierta como donación, de sumas de dinero por parte de las empresas adjudicatarias al partido político CDC bajo la supervisión de Germà Gordó”, dice la Fiscalía. Desde que se anunció el concurso hasta que se publica la adjudicación, Copisa realizó donaciones por un total de 100.000 euros a las dos fundaciones de CiU (sic)”. Esa compañía donó a Convergència un total de 1.190.000 euros entre 2008 y 2015. Teyco, por su parte, donó 369.520 euros (de ellos, 40.000 euros fueron a Òmnium). Y el Grupo Soler cotizó con 664.604 euros.