Las propuestas de seguridad de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) están dando mucho de qué hablar. Y es que su programa electoral se desmarca por completo del resto de candidatos a la alcaldía de Barcelona, con medidas cuando menos sorprendentes. Basha Changue asegura que su partido es la "única alternativa radicalmente feminista, antirracista, ecologista y anticapitalista". Quiere hacer frente a un modelo de ciudad "excluyente e insostenible".
A pesar de ser una formación abiertamente separatista, en su programa electoral solo hacen mención a la palabra independencia dos veces. El resto está centrado en las propuestas para que la capital catalana dé un giro de 180 grados en todos los aspectos. "Es la hora de plantear alternativas que hagan efectivas el derecho a la ciudad", reiteran desde la CUP de Barcelona.
PAPELES PARA TODOS
En cuanto a las políticas de seguridad, estas se enmarcan en el apartado de Vida comunitària i drets. Changue tiene el objetivo de "cambiar radicalmente el discurso" y centrarse en la importancia de los cuidados, la alimentación, la vivienda, los sueldos y la vida digna. El partido anticapitalista cree que la visión de la seguridad que se ha dado hasta ahora "pretende generar una situación de control y poder sobre la población para obtener un rédito político".
La portavoz de la CUP en el Parlament, Euàlia Reguant, y la candidata de la CUP en Barcelona, Basha Changue / EUROPA PRESS
La CUP aboga por "reforzar la vida comunitaria", aumentando los puntos lilas tanto durante el día como en horario nocturno. Exigen la regularización de todos los inmigrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular. Cabe recordar que una medida de este estilo correspondería al Estado, no a un ayuntamiento. Ello no disuade a los antisistemas, dispuestos a prometer más allá de sus competencias.
Otra propuesta polémica es la de la eliminación de los vigilantes de seguridad y policías en edificios públicos. Quieren sustituirlos por funcionarios asistenciales que no vayan armados y que no tengan funciones de "recaptación o intimidación".
ELIMINAR LA POLICÍA
El siguiente apartado de Vida comunitària i drets se titula Més policia no és mes seguretat. Quieren "desmilitarizar la ciudad", a pesar de que Barcelona no se encuentra bajo un régimen militar. También se comprometen a eliminar gradualmente los efectivos policiales y que estos se sustituyan por agentes cívicos. Changue quiere perseguir la "violencia institucional racista" y acabar con los puntos de identificación.
Según la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estas identificaciones se tienen que hacer siguiendo los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. También quiere prohibir las identificaciones por perfil étnico. La citada ley explica que las identificaciones se hacen cuando hay indicios de la comisión de un delito o infracción administrativa. Según los antisistemas, la policía las hace en función del color de piel del sospechoso, algo que desmienten los sindicatos de la Guardia Urbana.
DISOLUCIÓN DE LA UREP
Otro de los puntos polémicos de su programa electoral es la lucha por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), haciendo especial hincapié con el CIE de la Zona Franca. De la misma manera que los inmigrantes en situación irregular, Extranjería es una competencia estatal y, por más que exijan su cierre, es el Estado el que tiene la autoridad para hacerlo, no el Ayuntamiento. De hecho, los comunes ya prometieron el cierre de los CIE's, una promesa incumplida tras ocho años en el gobierno municipal.
Basha Changue aboga por la disolución de la Unidad de Refuerzo de Emergencias y Proximidad (UREP), sin especificar los motivos de dicha decisión. Esta propuesta no es nueva. Ada Colau también se comprometió a acabar con los antidisturbios de la Guardia Urbana, pero al final optó por cambiarle el nombre y aumentar los efectivos. Pasó de ser la Unitat de Suport Policial (USP) a convertirse en la UREP, con las mismas funciones.
Agentes de la UREP de la Guardia Urbana, en las fiestas de Sants de 2021 / REDES SOCIALES
APOYO OKUPA
La actual ordenanza de civismo tampoco gusta a la CUP y se comprometen a derogarla, así como cualquier normativa "aporofóbica y represiva". La okupación también es un tema importante para Changue y reivindica que sea un derecho. Siendo esta un acto completamente ilegal, es imposible convertirlo en un derecho desde el ámbito municipal. Siguiendo la misma línea, se refieren a Desokupa como una mafia que intimida a las vecinas que okupan y aboga por luchar contra este tipo de empresas y "perseguir la connivencia de los cuerpos policiales".
Okupas de la Ruïna y el Kubo de la Bonanova encienden bengalas desde la azotea del Kubo / EUROPA PRESS
También quiere prohibir a la Guardia Urbana acompañar a las empresas de luz o agua a cortar el suministro de los edificios okupados. La defraudación del fluido eléctrico y del agua es un delito tipificado en el Código Penal.
ABANDONO DEL COCHE POLICIAL
La CUP quiere abandonar progresivamente el uso del coche policial y fomentar el uso de la bicicleta, también en horario nocturno. A pesar de que el patrullaje en bicicleta es una buena alternativa al patrullaje a pie, fuentes policiales señalan que es utópico plantearla como una alternativa a los vehículos de la Guardia Urbana, ya que no se pueden trasladar a los detenidos a las dependencias policiales ni perseguir a delincuentes que circulen en coche, entre otros.
Metrópoli ha contactado con la CUP para saber más detalles de los fundamentos de las propuestas, pero a fecha de publicación no ha obtenido respuesta.