La Diputación de Barcelona sale al rescate: 75 millones para los ayuntamientos metropolitanos

Los años electorales no son los mejores para los ayuntamientos. La necesidad de ofrecer proyectos de futuro no casa con la obligada contención económica. Y más cuando se acaba de salir de una pandemia que obligó a los ayuntamientos a congelar tasas y ayudar a los colectivos más castigados. Por ello, los municipios del área metropolitana de Barcelona han pedido ayuda. La Diputación de Barcelona ha salido al rescate con dos entregas: 50 millones en lo que queda de año, para cuadrar los presupuestos y 25 millones en 2024. Uno total de 75 millones que sólo podrán paliar una situación que comienza a ser muy preocupante por el déficit estructural de la financiación local. 

El ejemplo lo aporta el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, del PP, que admite las dos cuestiones que se han sumado: singularidades propias del ayuntamiento, con un gasto hipotecado que decidió la anterior alcaldesa, Maria Miranda, del PSC, y gastos que todos los ayuntamientos deben ahora asumir: incremento del IPC, con una inflación que no se acaba de controlar, y aumento de los servicios que se reclaman cada vez con mayor fuerza, relacionados en gran parte con la falta de vivienda. 

El alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes MA

Las finanzas locales se han desplomado por decisiones que se podían entender como justas, pero que han perjudicado a los ayuntamientos, sin que hayan recibido fuentes de ingresos sustitutorias: la sentencia del Tribunal Supremo sobre las plusvalías ha supuesto que Castelldefels, siguiendo con el ejemplo, haya pasado de ingresar 10 millones a seis millones de euros en 2022. En total, los municipios en toda España han perdido más de 800 millones de euros por ese concepto, un brutal descenso del 40% respecto a 2021. Hay que tener en cuenta, como precisan los alcaldes, que se trata de la segunda fuente de ingresos, sólo por detrás del IBI.

Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona METRÓPOLI

¿Solución momentánea? Incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles, pero sin pasarse. En Castelldefels, Manuel Reyes incrementará el IBI en 2024 en un 8,8%, pero los interventores le aconsejaban hacerlo en un 40%, algo que ningún alcalde puede permitirse en sólo un año. 

MÁS SERVICIOS, SIN MÁS INGRESOS

En Santa Coloma de Gramenet sucede lo mismo. En esta localidad, la alcaldesa socialista, Núria Parlon, ejerce un papel de liderazgo en toda el área metropolitana, con una denuncia continua sobre las deficiencias de la financiación local. Esa presión, la de los alcaldes metropolitanos, ha llevado a la Diputación de Barcelona, que preside Lluïsa Moret, en su último pleno, el pasado jueves 26 de octubre, a aprobar un plan que inyectará esos 75 millones de euros en lo que queda de año y en 2024. ¿Suficientes? No, "es un parche, algo necesario, pero que no nos sacará de pobres", según Manuel Reyes. Y es que para Castelldefels la cifra que recibirá es de 500.000 euros. El reto, para este municipio del Baix Llobregat, es cuadrar un déficit de 12 millones de euros. ¿Salidas? Contención en el gasto "político", con reducción de salarios para asesores, aumento del IBI, que supondrá pasar de 19 a 22 millones de euros, y buscar alternativas para pagar el gasto en otros ejercicios. 

Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, en su despacho / LENA PRIETO (METRÓPOLI)

Núria Parlon, consciente, en su caso, del papel que ocupa en el conjunto del PSC, el partido con la mayoría de alcaldías en el área metropolitana, reclama atención: "Cada vez debemos prestar más servicios a la ciudadanía sin tener las dotaciones presupuestarias necesarias, y por ello es necesario un acuerdo de todas las fuerzas políticas para mejorar la financiación de los ayuntamientos".

ECHAR MANO DE TASAS 

Cada municipio sabe hasta dónde puede llegar. En Santa Coloma las rentas modestas de sus vecinos, no permiten subidas drásticas. El Ayuntamiento hace un encaje de bolillos a través de incrementos en la grúa municipal, para la retirada de vehículos, y retira medidas que habían servido durante la pandemia del Covid, como la recuperación de la tasa por "ocupación de vía pública", las terrazas de los establecimientos de restauración, que también se ha querido retirar en Barcelona, con una ordenanza que no ha prosperado, por ahora, en el pleno del consistorio. 

El IBI en Santa Coloma, sin embargo, no se librará de un aumento, aunque modesto: se pasa de un coeficiente del 0,569 al 0,597. "La medida es del todo necesaria si se atiende que, por ejemplo, en los últimos once años el tipo ha disminuido un 27%, mientras que el IPC ha aumentado un 24,70%". El aumento del IBI supone un 5%, uno de los menores de toda el área metropolitana. El equipo de Parlon sostiene que las subidas impositivas están contenidas: "Santa Coloma de Gramenet es, entre las ciudades de menos de 50 mil habitantes, una de las que tiene menor presión fiscal, por debajo de la inflación subyacente que alcanza el 5,8%". El IBI, en todo caso, se podrá pagar "en tres plazos" para hacer más llevadera la subida del impuesto.

Los dos casos, con alcaldes de colores diferentes, ilustra el déficit en las finanzas locales. En la agenda política la financiación de las comunidades autónomas sigue ocupando un papel central, aunque no se actualiza desde 2009. Pero en el caso de los ayuntamientos el olvido ha sido total. En su momento, Pasqual Maragall reclamaba que se debía alcanzar una proporción de 25% para los municipios, otro 25% para las autonomías y el 50% restante en manos del Estado. A finales de los años noventa apostó por subir ese porcentaje al 30% para ayuntamientos, 30% para autonomías y el 40% para el Estado. Pero la realidad ha quedado muy lejos de todos esos planes, y los municipios se han quedado en un rincón, con una financiación escasa, a juicio de los alcaldes metropolitanos, que se sitúan ante una disyuntiva: o reciben más ingresos para prestar servicios o esos servicios los presta otra administración.