Los comunes se enrocan en la norma que obliga a hacer un 30% de vivienda pública en Barcelona

Ni los presupuestos de Catalunya ni los presupuestos de Barcelona. Los comunes han sido una piedra en el zapato para aprobar ambas cuentas. En el Govern se han plantado con un ‘no’ por el proyecto del Hard Rock en Tarragona. En la capital catalana, aunque se someterán a votación el 22 de marzo, todo apunta a que seguirán los mismos pasos por la insistencia de Barcelona en Comú para entrar en el gobierno. Y es que el alcalde Jaume Collboni lo ha dejado claro en más de una ocasión: no quiere a los Ada Colau en su equipo.

Un pacto "progresista y de izquierdas” es el requisito de los comunes para aprobar los presupuestos de Barcelona. Pese a que los socialistas y el resto de partidos de la oposición consideran que lo que busca Colau es entrar en el Ejecutivo local, los comunes han puesto una serie de medidas sobre la mesa como condición sine qua non para aprobar los presupuestos municipales. Una de sus líneas rojas es en materia de vivienda: garantizar la continuidad de la norma del 30%, que obliga a los grandes promotores a destinar tres de cada diez pisos nuevos a vivienda social. Una de las medidas estrella del primer mandato de los comunes y que, seis años después de entrar en vigor, se ha demostrado su ineficacia.

Unanimidad sobre su ineficacia

Esta condición tensa, todavía más, las relaciones entre Collboni y Colau. El gobierno municipal, a través de un acuerdo con Junts, pactó revisar la norma al no haber logrado sus objetivos. La propuesta presentada por el grupo municipal Trias per Barcelona establecía flexibilizar la medida según el distrito y la posibilidad de monetizar la reserva y promover vivienda protegida con los ingresos. Para llevar a cabo esta modificación, Collboni fichó a la experta en vivienda Carme Trilla que, junto a un grupo de técnicos, elaborarán una propuesta para flexibilizar la exigencia del 30%. La que deberá agilizar esta dinámica no dudó –cuando conoció la iniciativa de los comunes, en los anteriores mandatos-- en calificar la reserva del 30% de “barbaridad”.

Los comunes se mantienen firmes en su postura a pesar de que haya quedado demostrado la ineficacia de la norma. El sector inmobiliario fue el primero en poner el grito en el cielo sobre esta medida. Aseguraron que tendría un efecto negativo en la atracción de inversión privada y la construcción de nueva vivienda. Y no se equivocaban. La restricción ha paralizado al sector privado, responsable del 66% de la vivienda protegida, según la Associació de Promotors de Catalunya (APCE). Una teoría que también sostiene la propia Trilla, que defiende que para construir vivienda, una de las soluciones pasa por la colaboración público-privada. 

La teniente de alcalde de Barcelona Laia Bonet; la presidenta del OMHB, Carme Trilla; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera EUROPA PRESS

Ocho viviendas en cinco años

Desde la puesta en marcha de la norma, el sector inmobiliario asegura que es víctima de un “intervencionismo” e “inseguridad jurídica”, que ha provocado la caída “dramática de la oferta” de viviendas en el mercado. Quien también criticó duramente las políticas de vivienda de los comunes durante el anterior mandato fue Maria Eugènia Gay, tenienta de alcalde de Derechos Sociales. Afirmó que la situación en materia de vivienda heredada por el anterior gobierno era "alarmante, dramática y un auténtico fracaso”. Los únicos apoyos que encontraron los comunes en la aplicación de esta norma fueron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la FAVB o el Sindicat de Llogateres. 

Y es que en la capital catalana se pueden contar con las dos manos los pisos construidos en cinco años: no llegan a diez. Hasta la fecha, este requisito ha resultado en ocho viviendas sociales completadas en cinco años, 26 en construcción, y 27 más planificadas en proyectos autorizados pero aún no iniciados. Además, se abandonó un proyecto que hubiera añadido tres viviendas más a esta cuenta. 

ERC, clave en el acuerdo

Los presupuestos de Collboni para 2024 prevén una fuerte inversión en políticas sociales y vivienda. En concreto, quiere destinar 153 millones de euros y construir 1.000 pisos en el parque público. Insiste en que en Barcelona hay zonas disponibles para hacerlo, como en la Marina del Prat Vermell, la zona norte del distrito 22@ o en la Sagrera-Bon Pastor. Los comunes son conscientes de estas mejoras y de la necesidad que tiene Barcelona de poner en marcha proyectos. Pero ni las cifras ni los consejos de los expertos les ha hecho cambiar de posición. Quieren garantizar la vivienda accesible con la normativa del 30%, algo que sólo será posible, dicen, “con un gobierno mayoritario de izquierdas”.

La idea de Collboni es que ese 30% se pueda monetizar y que esos recursos los pueda destinar el Ayuntamiento a las zonas que crea más idóneas. El sector inmobiliario está de acuerdo. Pero el alcalde socialista gobierna en minoría, y en cuestiones de vivienda, los grupos municipales mantienen posicionamientos dispares.

En la misma línea que los comunes se encuentra ERC. De hecho, los republicanos votaron en contra de la propuesta de Trias per Barcelona, aunque fue antes de llegar a un acuerdo con el PSC.