Contrato millonario de Barcelona con el bufete Molins para defender a policías y bomberos

El despacho de abogados Molins (el que son socios los letrados Pau Molins, Luis Jordana o Jordi Pina) se ha hecho con el contrato municipal de defensa de los funcionarios policiales y bomberos en pleitos de carácter penal que pudieran abrirse en el ejercicio de sus funciones. Con esta contratación, los funcionarios municipales de ambos cuerpos estarán cubiertos jurídicamente. El contrato fue adjudicado el pasado 11 de noviembre.

Este tipo de contratos se otorga porque la defensa de esos pleitos debe realizarse por bufetes muy profesionalizados y expertos y los servicios jurídicos del Ayuntamiento no tienen personal ni medios suficientes para llevar los casos. Los casos que han de afrontar los abogados en esas situaciones tienen unas peculiaridades muy específicas, ya que puede haber responsabilidades más allá de una pena pecuniaria o de prisión: pueden comportar la inhabilitación de la condición de funcionarios. Pero, al mismo tiempo, en muchas ocasiones los perjudicados son los propios funcionarios, como en episodios de atentado o de resistencia.

400 pleitos pendientes

Ello exige a los profesionales de la abogacía “un considerable grado de especialización, experiencia y trayectoria y obligan a la búsqueda de una excelencia basada, entre otros criterios, en la especial, efectiva y frecuente asistencia jurisdiccional concreta de funcionarios miembros de los cuerpos de seguridad y bomberos”.

Uno de los detenidos por la policía en Barcelona / POLICÍA NACIONAL

Puede parecer baladí, pero los funcionarios de Barcelona se enfrentan cada año a la apertura de entre 170 y 200 pleitos penales derivados de sus tareas específicas. No obstante, en estos momentos hay unos 400 pleitos penales pendientes que involucran a funcionarios del ayuntamiento. En el 92% de los casos, los funcionarios son víctimas, al haber resultado perjudicados en delitos de “atentado, resistencia y desobediencia en concurso habitual con lesiones de carácter leve y menos grave”. La inmensa mayoría de estos pleitos se suelen solventar por la vía del procedimiento abreviado.

El 8% de los casos restantes se divide entre un 4% en los que los acusados son los propios agentes, a los que se acusa de lesiones y que van por la vía de la Audiencia Provincial o del tribunal con jurado. Otro 4% tienen la doble condición de acusación y defensa y se tramita habitualmente por el procedimiento abreviado.

Dos ofertas sobre la mesa

“En la práctica forense, es bien conocido y notorio que la prolongación en la tramitación de los asuntos judiciales (incluidos los juicios rápidos) y la conveniencia de asegurar un marco estable de asistencia y continuidad de la dirección letrada de los asuntos y las líneas de gestión complementarias del contrato, aconsejan adoptar la máxima duración del mismo con independencia del órgano competente para acordar su adjudicación”, dice un informe interno del Ayuntamiento. El documento reconoce que “no existen puestos de trabajo de abogados colegiados y estructura administrativa para desarrollar, gestionar y coordinar esta asistencia en la vía jurisdiccional penal en la plantilla”.

Por ello, se convocó un concurso al que se presentaron la empresa Molins Advocats Defensa Penal, de Pau Molins, y una unión temporal de empresas formada por Molins & Parés y la empresa Instituto y Centro de Servicios Integrales de la Fepol. Se trata de uno de los mayores sindicatos que operan en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Catalunya. Los técnicos del Ayuntamiento resolvieron finalmente otorga el contrato a la primera.

Un despacho con pedigrí

El monto se eleva a 726.000 euros por los próximos dos años, cantidad que puede llegar a 1.452.000 euros si como prevén las cláusulas, se renueva por otros dos años más, hasta finales de 2028. En la cláusula 2 de las condiciones administrativas se deja la puerta abierta a una modificación al alza de hasta 120.000 euros (más el IVA correspondiente) para hacer frente a situaciones excepcionales.

Agentes de la Unidad de Apoyo Policial de la Guardia Urbana en el centro de Barcelona

El despacho de Molins ha llevado sonados casos no solo en Barcelona, sino en toda España (también tiene oficina abierta en Madrid) y es uno de los bufetes más prestigiosos de la abogacía en el ámbito penal. A lo largo de las últimas décadas se forjó fama de bufete efectivo e influyente. Jordi Pina, uno de sus socios, fue el abogado defensor de la Infanta Cristina en el juicio por el caso Nóos. El despacho está integrado por casi una cuarentena de letrados.

Coqueteo con la política

Pau Molins es de la familia propietaria de la empresa Cementos Molins y a finales del siglo pasado se afilió a Convergència, aunque en 2014 abandonó la formación. Su hermano Joaquim Molins había sido diputado de CiU, candidato a alcalde en Barcelona y conseller de Comercio y Turismo y de Política Territorial y Obras Públicas en los años 90.

Entre sus clientes, Pau Molins ha tenido a famosos como la cantante Shakira, el expresidente del Barça, Sandro Rosell, el exvicepresidente del Gobierno español Narcís Serra, el expatriarca del Palau de la Música, Fèlix Millet, o los políticos Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Santi Vila en su pleito sobre el 1-O.

En su tiempo, había defendido al exdelegado de Hacienda en Catalunya, Ernesto de Aguiar, y al jefe de la Inspección de Hacienda, Josep Maria Huguet, tras el escándalo financiero-político que estalló al inicio de este siglo. Otro de sus clientes de renombre fue el exconseller de Trabajo Ignasi Farreres, que resultó absuelto en el caso Treball, de presunto desvío de subvenciones públicas. El despacho ya había defendido al Ayuntamiento en otras ocasiones.