Edificios de viviendas
Campaña contra el fraude de empadronamientos: Barcelona revisará situaciones de irregularidad a propuesta del PP
El grupo popular destaca que hay más de 45.000 personas empadronadas sin un domicilio fijo, muchas de ellas vinculadas a edificios que no son residenciales
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El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha una campaña para revisar el empadronamiento y corregir situaciones irregulares, ficticias o fraudulentas en la ciudad.
Se trata de una proposición del PP que ha salido adelante en la Comisión de Presidencia con los votos favorables de PSC y Vox, la abstención de Junts y el voto en contra de ERC y comunes.
Aumento de los empadronamientos falsos
El concejal del grupo popular Juan Milián ha afirmado que en los últimos años se ha producido un aumento significativo de empadronamientos fraudulentos.
Más de 45.000 personas figuran empadronadas sin un domicilio fijo, muchas de ellas en puntos vinculados a inmuebles que no son residenciales, ha expuesto Milián.
Solo en un local municipal de servicios sociales se empadronaron cerca de 6.000 personas.
"Estas prácticas, aunque aparentemente legales, distorsionan la realidad demográfica de la ciudad, afectan al reparto de recursos y pueden dar cobertura a redes de ocupación ilegal o tráfico de seres humanos", reza en la proposición del PP.
Un edificio de viviendas en una imagen de archivo
Prioridades en viviendas con empadronamientos masivos
La medida aprobada priorizará la revisión en las viviendas con un número desproporcionado de personas empadronadas, los inmuebles no residenciales con inscripciones activas, los locales ocupados ilegalmente y los empadronamientos recientes en masa en un mismo domicilio.
Además, se impulsarán nuevos protocolos para verificar la documentación (título de posesión, recibos, autorizaciones, etc.) y para realizar inspecciones presenciales cuando sea necesario.
Coordinación con la Guardia Urbana
Por otro lado, se especifica la coordinación del consistorio con la Guardia Urbana y otras administraciones públicas como el Ministerio del Interior, la Agencia Tributaria o el Servicio de Empleo para contrastar información en los casos donde existan indicios de fraude organizado.
Un vehículo de la Guardia Urbana en Barcelona
También se solicitará la colaboración de otros ayuntamientos para detectar empadronamientos fraudulentos en varios municipios de forma simultánea.
La propuesta incluye la elaboración de un informe en un plazo máximo de seis meses que recoja los datos de bajas y revisiones realizadas durante la campaña, además de recomendaciones para mejorar el sistema de control del padrón municipal.
