Barcelona lanza ayudas para que las comunidades de vecinos prohíban los pisos turísticos: así se pueden pedir

El Ayuntamiento de Barcelona abre este viernes, 27 de febrero, una línea de subvenciones destinada a facilitar que las comunidades de propietarios blinden sus edificios contra los pisos turísticos.

Esta iniciativa, dotada con un fondo municipal de 100.000 euros, busca cubrir los gastos derivados de la modificación o redacción de los estatutos vecinales para restringir explícitamente este tipo de actividad económica, anticipándose así a la eliminación definitiva de las licencias turísticas prevista en la ciudad para el año 2028.

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Hasta el 50% de los gastos

El programa de ayudas, fruto del acuerdo presupuestario con ERC y de un convenio firmado a tres bandas con el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y la Cambra de la Propietat Urbana, aliviará la carga económica de los trámites legales.

Turistas en Barcelona EUROPA PRESS

Las comunidades que hayan aprobado el cambio a partir del 1 de marzo de 2025 podrán acogerse a estos beneficios:

• Creación de nuevos estatutos: Se subvencionará hasta el 50% de los gastos de notaría, registro y honorarios profesionales, con un tope máximo de 2.500 euros.

• Modificación de estatutos vigentes: La ayuda cubrirá hasta el 50% de los costes, con un límite de 1.500 euros.

Para que la subvención sea aprobada, la cláusula redactada por los vecinos debe ser homologable a la establecida por el Ayuntamiento y las entidades colaboradoras. Además, el texto tiene que elevarse a documento público e inscribirse en el Registre de la Propietat.

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El plan también reserva una partida de 36.000 euros para otorgar ayudas directas a los administradores y profesionales jurídicos que asesoren a las fincas durante este proceso de cambio.

Turistas en Barcelona EFE

Los requisitos

Por lo tanto, para acceder a la subvención, la comunidad debe cumplir los siguientes requisitos:

• Modificación o creación de estatutos: aprobar la creación o modificación de los estatutos de la comunidad para incluir expresamente la prohibición del uso turístico o de actividades económicas que puedan alterar la convivencia.

• Cláusula homologable: el texto aprobado debe ser homologable a la cláusula establecida por la Cámara de la Propiedad Urbana, el Colegio de Administradores de Fincas y el Ayuntamiento.

• Inscripción registral: es imprescindible que los nuevos estatutos se hayan elevado a documento público y se hayan inscrito debidamente en el Registro de la Propiedad para garantizar su validez frente a terceros.

• Obligaciones fiscales: la comunidad debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la Generalitat y la Seguridad Social.

El objetivo: proteger el uso residencial y frenar los conflictos

El teniente de alcaldía de Economía y Vivienda, Jordi Valls, ha defendido la medida como una herramienta clave para que los barceloneses puedan frenar actividades que "generan efectos negativos para la comunidad".

Valls ha subrayado que esta iniciativa permite avanzar en la lucha "contra la exclusión residencial en Barcelona", facilitando que las viviendas se destinen al alquiler tradicional.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls EUROPA PRESS

El consistorio ampara esta decisión en una sentencia del Tribunal Constitucional del 13 de marzo de 2025, la cual establece que el uso residencial es el consustancial a la vivienda, diferenciándolo claramente de la explotación turística.

Choque en los tribunales con la patronal turística

La puesta en marcha de estas subvenciones ha chocado frontalmente con los intereses del sector. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ya anunció el pasado mes de diciembre su intención de llevar esta iniciativa a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo.

La patronal argumenta que el Ayuntamiento "excede el marco de competencias municipales" y vulnera la seguridad jurídica.

Por su parte, el gobierno local reprocha al sector turístico que centre el debate en supuestas ilegalidades sin abordar el problema de fondo: los conflictos de convivencia que sufren los vecinos a diario.