La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) vive una polémica permanente. Con el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el futuro de las restricciones circulatorias continúa pendiente de un fallo del Tribunal Supremo (TS). Pese a que el Alto Tribunal decidirá si las limitaciones continúan en pie en Barcelona, el gobierno municipal de Ada Colau ya se encargó, a finales del pasado mandato, de rebajar la dureza de la ordenanza que las regula para obtener el beneplácito de la justicia.
En caso de que la justicia dé luz verde a la ZBE, las restricciones a los vehículos que no disponen de adhesivo ambiental se mantendrán en la capital catalana, y la normativa continuará su avance. El siguiente paso de esta planificación es el veto a los automóviles que cuenten con el distintivo B, cuyas limitaciones podrían llegar el próximo año si se cumple una planificación que elaboró el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
POSIBLE VETO EN 2024
Aunque no hay una previsión oficial que marque un veto asegurado para los vehículos con etiqueta B, sí existe un documento elaborado por el AMB que prevé las restricciones para estos vehículos para el próximo año. Según el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (2019-2024), las limitaciones a automóviles con etiqueta B serían permanentes a partir de enero de 2024.
Pese a la previsión que se desprende de este documento, todo apunta a que esta no se cumplirá. El mismo texto señaló que en enero de 2022 se debía permitir, tan solo, el acceso a la ZBE a los vehículos con distintivos B de residentes en los municipios afectados por la medida, un pronóstico que no se ha cumplido.
Esta planificación también pone fecha al inicio de las restricciones para el distintivo C. Según el mismo, la llegada de 2030 estaría ligada a las primeras limitaciones de vehículos con esta etiqueta. A partir de enero del citado año, tan solo podrían circular por la ZBE los residentes que dispongan de los turismos con esta clasificación.
REVÉS DE EUROPA
La polémica medida restrictiva llegó también a la Europa. La Comisión Europea recibió múltiples peticiones críticas con la ZBE, en las que se pedía que el organismo europeo mediara con una investigación para constatar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que se estarían llevando a cabo con esta medida.
La Comisión rechazó indagar en la cuestión al considerar que los hechos no constituyen una infracción del Derecho de la Unión, pese a haber admitido previamente a trámite hasta cinco peticiones sobre esta cuestión.
Para justificarse, Europa se acogió a la sentencia del 22 de diciembre de 2022, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que España incumplía las obligaciones marcadas en la directiva sobre la calidad del aire en lo que respecta a la superación sistemática y continua de los valores límite anual y horario de NO2 y a la no adopción de las medidas adecuadas para garantizar que el período de superación fuera lo más breve posible en el área de Barcelona.