El Ayuntamiento de Barcelona nos ha comunicado muy seria y formalmente que el 62% de los agentes de la propiedad inmobiliaria de la ciudad son presuntos delincuentes que discriminan por su origen a quienes desean alquilar un piso. “Un estudio del Ayuntamiento”, según la presentación que hizo el consistorio de una especie de cámara oculta que encargó a la "consultoría social" Broll, una de sus cooperativas amigas, dice que 1.462 de los 2.358 API que operan en Barcelona están dispuestos a no alquilar viviendas a inmigrantes.

Y llega a esa conclusión después de hacer 350 llamadas telefónicas a agentes en las que los empleados de la cooperativa engañaban a sus interlocutores haciéndoles creer que eran propietarios de una vivienda y que deseaban ponerla en el mercado, pero excluyendo a potenciales clientes “inmigrantes”. El 62% de los engañados dijeron estar dispuestos a aceptar el encargo en esas condiciones, el 24% entraron al trapo, aunque no de una forma directa, el 4% respondió con evasivas y únicamente el 10% lo rechazó.

El equipo de gobierno municipal dio a conocer los resultados de la encuesta y sus conclusiones que, evidentemente, eran la premisa previa al trabajo de campo; para eso engañaban a quienes llamaban, para conducirles a la respuesta deseada. Una respuesta contradictoria si tenemos en cuenta que el 16,2% de la población de Cataluña procede del extranjero y que la renta de alquiler está topada por ley: cualquier limitación que el propietario ponga al universo de sus potenciales arrendatarios no conduce a otra cosa que a una rebaja de ingresos. O sea, que no es descartable que algunos de los API engañados tratase de engañar a su vez a quien le llamaba con el deseo de no perder un cliente al que luego podría convencer de que sus métodos para cribar la solvencia de los arrendatarios, independientemente de su procedencia, es casi infalible.

En cualquier caso, incluso en el improbable supuesto de que más de la mitad de los API sean partidarios de negar un piso de alquiler a un inmigrante, sorprende que el Ayuntamiento de Barcelona se valga de engaños para dar cartas de normalidad a su machacona criminalización de los intermediarios del mercado del alquiler y justificar así sus propias políticas, de las que los propietarios no sólo están excluidos, sino que aparecen en el centro de la diana.

El mystery shopping es un método que usan las empresas cuando quieren evaluar la calidad de sus servicios, para lo que recurren a investigadores disfrazados de clientes que saben medirla: nunca es una trampa, sino una prueba y, por supuesto, quienes lo hacen están capacitados para ese trabajo de campo. El objetivo es mejorar la calidad de sus servicios, no dar publicidad a unos datos obtenidos con señuelos y que luego son utilizados como armas arrojadizas.

También sorprende, todo hay que decirlo, el eco mediático de unas conclusiones tan predecibles como dudosas viniendo de donde vienen. La cámara oculta con una mentira en el anzuelo para ver quién pica: el equipo de Ada Colau se adelantó 12 días al 28 de diciembre.