La degradación de la convivencia en Barcelona es un fenómeno que forma parte del día a día de nuestra ciudad. Parece imposible acostumbrarse, pero nos acercamos a una conciencia peligrosamente conformista frente a un incivismo desbordado. Tampoco parecía posible acostumbrarse a la violencia que se ha apoderado de barrios como el Raval y otros, y al final, muchos vecinos, e incluso los cuerpos policiales, admiten que han comenzado a relativizar imágenes de violencia que nos transportan a los años 80.

Este estado de cosas no es producto ni de la casualidad ni del fatalismo. Cuando por incompetencia, prejuicios ideológicos o por dejadez del gobierno municipal se crea un determinado caldo de cultivo, los problemas se acumulan y el efecto llamada hace el resto. La teoría de los cristales rotos es conocida. Cuando un elemento como un cristal se rompe y no se sustituye con rapidez, aumentan las posibilidades de que el quebradizo vaya a más.

Y en Barcelona, con la inacción del gobierno municipal ante el incivismo, ha pasado algo parecido. Tenemos una Ordenanza municipal de civismo que no se aplica con firmeza. Y las sanciones que se imponen, o no son disuasorias o directamente no se cobran. Venimos del mandato municipal 2015-2019 durante el cual el gobierno de Ada Colau quiso modificar la Ordenanza, para hacerla más laxa, y no salió adelante, por falta de apoyos. Un mandato en el que la autoridad de la Guardia Urbana sufrió una merma importante provocada por el propio gobierno municipal. Y tener en la Guardia Urbana desamparada o directamente desautorizada es un grave problema para la ciudad y la buena convivencia.

Y en el actual mandato el gobierno ha sido incapaz de promover la modificación de una Ordenanza que ya tiene quince años y que necesita ser puesta al día de forma urgente. La división interna del gobierno, entre quienes quieren modificarla y quienes esta reforma no entra dentro de sus prioridades, es un problema grave que pagamos los ciudadanos. El incivismo se ha apoderado de la ciudad y el gobierno Colau-Collboni parece haber dimitido de sus responsabilidades.

Necesitamos una nueva Ordenanza de civismo, actualizada, que incorpore nuevas estrategias y recursos para combatir eficazmente el incivismo y la degradación que sufre la ciudad. Y una Ordenanza con sanciones más altas por castigar las infracciones más graves, como por ejemplo las que estropean el patrimonio protegido o provocan altercados y perturbaciones graves de la convivencia. Pero lo que necesitamos, sobre todo, es un gobierno que haga cumplir las ordenanzas y leyes. Y este gobierno ha demostrado que es incapaz tanto de promover la modificación de la Ordenanza como de hacerla cumplir con todas sus potencialidades.

Tenemos un problema de valores y relativización de los comportamientos, en muchos casos. Y en el pasado, incluso hemos visto imágenes de responsables políticos del partido de Ada Colau que nos han avergonzado. Algunos incluso orinando en la calle o dejando por escrito que esta práctica no merece ningún reproche. Por eso, también es muy importante que el Ayuntamiento no deje de realizar campañas de sensibilización sobre la importancia del respeto, de la convivencia y del civismo; en las escuelas e institutos, así como en los medios de comunicación y en el espacio público. El gobierno actual ya ha demostrado que es incapaz de asumir estos retos. Es necesario un nuevo gobierno que recupere el tiempo perdido y asuma sus responsabilidades. Y desde Junts per Catalunya asumimos el compromiso y aspiramos a ser parte de la solución, para que Barcelona vuelva a ser una ciudad cívica, limpia y ordenada.