Collboni propone multas de 1.000 euros por beber alcohol en la calle

Jaume Collboni quiere un endurecimiento de la Ordenanza de civismo, vigente en Barcelona desde finales de 2005, y "multas de 1.000 euros, si es necesario, por beber alcohol en la calle".

El primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona ha hecho estas declaraciones en el programa Cafè d'Idees de RTVE. Según Collboni, en lo que se lleva de año se han puesto más multas por ruido que en todo 2019. "Si esto no es suficiente, lo que tendremos que hacer es subir el importe de las sanciones".

PRÁCTICAS INCOMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA

Ahora, por beber alcohol en la calle, los infractores deben pagar unos 100 euros. Collboni propone que sean 1.000. "Tiene que quedar muy claro que hay prácticas que son incompatibles con la convivencia. Y hay que hacerlo con autoridad y determinación. La gente se lo tiene que tomar de forma seria. Los vecinos tienen derecho al descanso en sus casas. Tenemos que plantear muy seriamente un endurecimiento de la Ordenanza de convivencia".

Un quad de la Guardia Urbana cargado con pareos y material para vender / LUIS MIGUEL AÑÓN (MA)

La propuesta lanzada por Collboni necesita de la mayoría del pleno para salir adelante. Tanto Barcelona en Comú como ERC, probablemente, estarán en contra, y los socialistas requerirían del apoyo del resto de fuerzas para sacarla adelante. En cualquier caso, si la idea se estudía y se decide iniciar formalmente algún tipo de propuesta, ésta no será una realidad hasta el próximo mandato, y entonces se deberá valorar de nuevo si se tienen los apoyos necesarios.

Sobre la propuesta de Collboni, el concejal de ERC Jordi Coronas ha dicho: "La propuesta de Collboni es desproporcionada. Es cierto que ahora salen baratas. 60 euros que son 15 si pagas en 15 días. Pero es necesario poner las sanciones en su justa medida. Además hay que ofrecer alternativas a la sanción a los menores y tratar de forma diferenciada a las personas sin hogar por razones obvias. La ciudad se les ha escapado de las manos y ahora pretenden arreglarlo así, sin abordar el problema en toda su complejidad y renunciando a hacer política de verdad. Gobernar es algo más que incrementar las sanciones. Nos gustaría ver en Collboni la misma contundencia con los empresarios que no cumplen las normas, pero él es más de la barra libre en ese caso".

APROBADA EN 2005 CON EL GOBIERNO DIVIDIDO

La citada ordenanza ya nació coja. Fue aprobada en diciembre de 2005 en el pleno municipal con los votos a favor de PSC,  la antigua CiU y ERC. Por aquel entonces, en el Ayuntamiento gobernaba el tripartito de PSC, ERC e ICV. El alcalde era Joan Clos. Y los ecologistas de Imma Mayol, socia de gobierno de Clos, votaron en contra porque entendían que la normativa perseguía problemas sociales, como la prostitución y la mendicidad. En el lado opuesto, el PP de Alberto Fernández Díaz se abstuvo, pero defendía la tolerancia cero, y Xavier Trias, entonces en CiU, subrayaba que "la convivencia no era ni de izquierdas ni de derechas". 

La que fuera una de sus principales impulsoras, la socialista Assumpta Escarp, recuerda que "es una ordenanza de convivencia y no de civismo", un término adoptado por la sociedad y los medios. La normativa, explica, nació en un intento de defender un espacio público para todos. "Buscábamos un mecanismo jurídico que nos permitiera sancionar para evitar conductas en las calles que acababan teniendo un uso excluyente. Es una clara defensa del espacio público y de la convivencia en el espacio público", dice.

Agentes de la Guardia Urbana, el cuerpo que contra la Ordenanza de civismo / EFE

MULTAS A SINTECHO

La ordenanza entró en vigor en 2006. Y desde entonces no ha dejado de suscitar polémica. En 2012, Trias (ya como alcalde) y Fernández Díaz impulsaron el endurecimiento, con la prohibición total de la prostitución callejera. La decisión no gustó a la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que acusó al Ayuntamiento de querer "hacer invisible el fenómeno, sin analizar a fondo un problema muy complejo en el que abundan los dramas humanos".

La defensora de los ciudadanos llevaba por aquel entonces meses de conflicto con Trias por las multas a los sintecho, también por dormir en la calle. Solo en 2011 se pusieron más de 800. Vilà logró que se retiraran numerosas multas a indigentes. Uno de los casos más sonados fue el de una persona que acumulaba más de 7.400 euros en sanciones: sencillamente no las podía pagar. La práctica de denunciar a las personas sin hogar por pernoctar en la vía pública se seguía produciendo en 2020 en pleno confinamiento. Así lo denunció el director de Arrels Fundació, Ferran Busquets.

IR DESNUDO POR LA CALLE, OTRA POLÉMICA

Otra polémica fue, también en 2011, el acuerdo entre PSC y CiU de sancionar ir desnudo o semidesnudo por las calles de Barcelona. De nuevo, PSC y su socio de gobierno ICV votaron distinto. La modificación de la ordenanza entró en vigor el 29 de mayo de 2011. Ese verano, la Guardia Urbana sancionaba cada dos días a una persona por ir desnuda o semidesnuda (en bañador) por la calle. Las multas podían oscilar entre los 120 y los 500 euros. Con posterioridad, los agentes pasaron a advertir primero antes de multar. El caso acabó en el Tribunal Supremo, que avaló el veto a ir desnudo pero no dio por bueno el punto de la normativa que prohibía ir "casi desnudo" o "con ropa similar al bañador". Los últimos años apenas se han puesto denuncias por nudismo, 51 entre 217 y 2020. 

El líder del PSC en Barcelona y primer teniente de alcalde de la ciudad, Jaume Collboni / PSC

Colau, a su llegada a la alcaldía en 2015, anunció su intención de revisar la Ordenanza de civismo y dejar de perseguir la prostitución callejera, la pobreza o jugar en la calle. Lo dijo en su primer acto como alcaldesa en la oficina de la síndica. Han pasado siete años y la normativa sigue igual. No se ha modificado ni una coma. El pasado mandato, el teniente de alcaldía de los comunes, Jaume Asens, fue incapaz de tejer las alianzas necesarias para modificar el texto, a la baja como proponían los comunes.