Cataluña es líder en okupaciones (5.689), casi el 45% de las que se producen en España, siendo la provincia de Barcelona, en especial la ciudad condal, la que concentra su mayor número: 4.229 okupaciones. Colau y el PSC, con sus talleres sobre cómo okupar propiedades privadas, sus ayudas y concesiones, han convertido la okupación ilegal en un derecho. ¿Cómo hemos llegado a este nivel de degradación social, donde los buenos, los propietarios, son los malos y los delincuentes pretenden ser los salvadores de las esencias democráticas?

Muchos son los actos concatenados que, aunque parezcan desconectados entre sí en el tiempo, han hecho posible esta situación de caos y asalto de la propiedad privada. La tormenta perfecta para aceptar y normalizar un delito. El 15M, el rodeo al Parlament de Catalunya por parte de grupos de izquierda, el 9N, les leyes de desconexión promulgadas por el Parlament, el referéndum ilegal, la pérdida de autoridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, como no, una alcaldesa que, no hace tantos años, se dedicaba a okupar propiedades privadas. Sí, hablamos de Ada Colau.

La alcaldesa ha prometido, campaña tras campaña, que haría más vivienda social, pensando que así resolvería el problema de la okupación. Es cierto que existen familias vulnerables que se encuentran fuera del sistema y que necesitan el apoyo de las administraciones públicas para poder revertir su situación. Los casos existen, sí, pero el gobierno de Colau y el PSC tarda cuatro años en darles respuesta. Prometió viviendas y ha traído okupas. Mala inversión. 

El mensaje de falta de autoridad en el espacio público y el asalto a la propiedad privada ha calado entre los grupos antisistema y las mafias. La policía se ha convertido en un colectivo desautorizado, un mero instrumento y, en ocasiones, el saco en el que dar golpes por parte de los gobiernos populistas y nacionalistas, así como de aquellas asociaciones y entidades que reciben dinero público, algo de lo que la Generalitat de Catalunya y el gobierno de Colau saben mucho.

En innumerables ocasiones, desde Valents hemos reclamado un mayor reconocimiento a las acciones que llevan a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial a la Guardia Urbana de Barcelona, la siempre olvidada y maltratada por parte de Colau y los suyos. En el caso de las okupaciones, que también hemos tratado infinitas veces, esta semana hemos pedido al gobierno de Colau y PSC que elaboren un plan especial contra la okupación ilegal en Barcelona. Les hemos dado algunas pistas de lo que este plan debería incluir: censo de propiedades okupadas en Barcelona, atención jurídica a propietarios afectados por una okupación, habilitar un teléfono de denuncia, punto de atención especializado en cada OAC, compensar el IBI, instar a la Mesa de Emergencia Residencial que incremente sus actuaciones y pedir al Gobierno español una modificación legislativa para echar a los okupas lo antes posible de una propiedad. Como era de esperar, han votado en contra. Poco les importa la propiedad privada, la ley, el orden y la seguridad. 

Okupar una propiedad privada es delito. Algunos lo visten como un derecho constitucional; cualquier cosa con tal de seguir delinquiendo con el apoyo de los colaboradores necesarios: el gobierno de Colau-PSC y la Generalitat. Valents ha venido a reconstruir Barcelona y traer seguridad, trabajo y libertad.