Se acerca el verano, y de nuevo somos conscientes del deterioro continuo de nuestras playas. Aquellas que en nuestra infancia eran amplias y nos permitían jugar a la pelota en la arena, hoy son estrechas y con un grano de arena más grueso y menos confortable que el que recordábamos. Año tras año, somos testigos de este retroceso de las playas y de las actuaciones de regeneración con material de dragado o de aportación terrestre. Y, como consecuencia, cada vez es más y más difícil encontrar las praderas de posidonia que hace años existían en el litoral catalán.

Este retroceso, además del evidente perjuicio a los usuarios y, por tanto, a la economía derivada del uso de las playas, el turismo, tiene una segunda derivada, un tanto más perversa, y que ya ha empezado a producirse en otras comunidades autónomas como Valencia y Murcia. Al disminuir la anchura de la playa seca, las viviendas y propiedades próximas a la arena se ven afectadas por la actualización de deslindes de la Dirección General de Costas. En algunos casos afectadas por la Servidumbre de Protección de las Playas, y en otros incluso por el Dominio Público Marítimo Terrestre. Una propiedad así afectada no puede acometer, sin permisos previos, ampliaciones o reparaciones importantes, y en algunos casos puede ser expropiada por la Administración.

Pero no hay que olvidar que esta afectación por la Ley de Costas no tiene por qué derivar de una construcción fuera de la Ley, sino que está siendo debida, en muchos casos, a una mala gestión de los sedimentos de las playas, por construcción de puertos, espigones o embalses. Acciones que reducen la anchura de las playas y que son totalmente ajenas a los propietarios de las viviendas afectadas por los nuevos deslindes.

La preocupación y la obligación de la Administración Pública deben ser compaginar la correcta protección de la costa, aplicando los deslindes mencionados anteriormente, con la ejecución de las medidas necesarias para evitar el retroceso no natural de las playas de nuestro litoral y en esencia con el desplazamiento no necesario de los deslindes.

Un ejemplo de problemas derivados del retroceso de las playas en Catalunya es la vía ferroviaria del Maresme. Ésta se encuentra a escasos metros de la costa, y año tras año está siendo protegida con elementos de escollera para evitar que los temporales eliminen el material bajo las vías interrumpiendo el tráfico ferroviario o directamente que los oleajes destruyan ese tramo de vía férrea.

Otro ejemplo lo encontramos en las playas del Prat, Viladecans y Gavà. Tras la ampliación del Port de Barcelona y en mayor medida tras la construcción del espigón de la margen derecha del río Llobregat, era inevitable el retroceso de estas playas. El Port ya representaba una barrera al transporte de sedimentos por lo que su ampliación no era en esencia un mayor problema. Pero la construcción del espigón del margen derecho del río, de un kilómetro de longitud, evita que los sedimentos aportados por él se depositen en las playas, siendo vertidos mar a dentro y fuera del alcance del circuito de arenas que alimenta las playas.

Esta sustracción del aporte natural de sedimentos a las playas del Prat se trató de compensar a través de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental que obliga a realizar un dragado anual del orden de los 100.000 metros cúbicos de arena: desde la costa del Garraf a las playas del Prat. Estos dragados se iniciaron en el año 2007: 17 años después, y después de 1.700.000 metros cúbicos de arenas dragadas, El Prat ha perdido tres kilómetros de playa, dejando a La Ricarda sin su protección natural y amenazando la existencia de la propia playa del Prat sobre la que ya se han empezado a realizar acciones, poco eficientes, de protección.

Es por ello por lo que la necesidad de proteger la propiedad privada, la economía asociada a las playas, las infraestructuras costeras y el medioambiente ligado al litoral, debe obligar a las Administraciones Públicas a tomar medidas realmente eficaces ante un retroceso, en muchos casos, evitable de la costa.

Decimos evitable porque este retroceso no está asociado a los efectos del cambio climático, sino a la acción humana. En litoral catalán los efectos de este cambio climático son: un aumento del nivel del mar del orden del medio metro en el peor de los escenarios previstos, una ligera disminución de la altura de las olas, los temporales, con la existencia de algunos eventos extraordinarios, y, como factor principal, un cambio en las direcciones predominantes del oleaje que afecta directamente a la operativa de nuestras actuales infraestructuras costeras. Efectos todos estos que pueden ser “gestionados” con una correcta Política de Protección del Litoral.

La primera de las medidas a tomar, que no la única, ha de ser la construcción de elementos de defensa de las playas que permitan la gestión de los sedimentos existentes. En la costa catalana, se “deben permitir” los transportes de sur a norte provocado por los oleajes de componente sur e “impedir o limitar” los transportes de norte a sur generados por oleajes de componente norte.

Con esta regulación se busca conseguir un balance del transporte de sedimentos, inicialmente neto hacia el norte evitando las playas anchas apoyadas en puertos y espigones, y estrechas o casi inexistente al sur de estos mismos elementos, como ocurre tanto en el Maresme como en la playa del Prat.

En este sentido, la existencia de elementos de protección y gestión costera como los diques hinchables son de una gran utilidad. Estos elementos, asociados a sistemas de predicción del oleaje, se activan o hinchan con predicciones de oleajes de componente norte, evitando gran parte del transporte de sedimentos en dirección sur. Y son desactivados o deshinchados cuando los oleajes provienen del sur y por las arenas se desplazan desde las anchas playas junto a los puertos y espigones hacia el norte alimentando las zonas de playa más estrechas.

Además, en casos de temporal también se hinchan con el objeto de romper el oleaje antes de que este llegue a las playas evitando la pérdida de arena de las playas tras cada temporal, y defendiendo a las infraestructuras costeras de los fuertes oleajes.

Es momento que las Administraciones Públicas se decidan a poner en práctica una política activa y rigurosa respecto a la gestión del litoral. Ésta debe incluir el uso de tecnología de diques con respuesta variable en función del oleaje incidente, la gestión de los sedimentos atrapados en los embalses y la renaturalización parcial de los cauces de ríos y rieras para permitir la extracción de sedimentos que alimentarán a las playas y para disminuir las velocidades de los efluentes en casos de avenidas.

La tecnología actual permite una completa gestión de nuestras playas, y no debemos caer en el derrotismo de que la pérdida de nuestro litoral es inevitable. Está en nuestras manos gestionarlo y protegerlo. Hagámoslo.

Fernando Hermosilla es Ingeniero de Caminos, con la especialidad de Ingeniería Marítima. Lleva más de 30 años ligado a la ingeniería marítima tanto en labores de investigación, diseño, ejecución y dirección de obra.