Pongo la radio y día sí día también oigo anuncios de seguros, alarmas y gestores inmobiliarios especializados en dar respuesta a la ocupación de inmuebles. Un problema que no existe, según el discurso oficial de la izquierda, empeñada en contradecir las leyes del mercado. Cuando existe esa amplia oferta de productos es porque genera réditos, me digo yo suspicaz.
El Centre de Estudis d’Opinió de la Generalitat nunca ha preguntado al respecto. Tampoco el CIS. Sí lo hizo la OCU. El resultado: uno de cada tres españoles considera la ocupación -sin distinciones- un problema grave. Porcentaje que aumenta entre los catalanes hasta el 47%. ¿Por qué será?
La Guardia Urbana de Barcelona acreditaba en marzo pasado un total de 202 ocupaciones “delictivas” o “reivindicativas”. Es el último balance dado a conocer, en respuesta a una pregunta del PP. Y no incluye las ocupaciones para vivir en el inmueble ocupado, que igualmente tenía un dueño que está viendo violentado su derecho a la propiedad privada.
Por cierto, según esos datos de la Guardia Urbana, de las “85 ocupaciones delictivas” -es decir, al delito de usurpación de la vivienda se suman otros, muy mayoritariamente asociados a la producción y tráfico de drogas- 29 están en Ciutat Vella y 17 en Sant Andreu. Para sorpresa de nadie, el número de ocupaciones delictivas en Sarrià-Sant Gervasi es 0. Idéntico que en Les Corts.
La izquierda fetén que durante años ha defendido la ocupación como vía de acceso a la vivienda debería empezar a reconocer que amparar un delito, por sistema, acaba perjudicando a los más débiles, que suelen coincidir con aquellos que tienen menos recursos para pagarse, por ejemplo, seguridad privada.
Los alcaldes hace tiempo que lo tienen claro, pero sus compañeros de partido, en el Parlament y en el Congreso, no han atendido hasta ahora sus súplicas. La PAH sigue teniendo demasiada repercusión mediática, deben pensar, como para tomar cualquier medida que pueda ser interpretada como una ayuda a los malvados propietarios.
Peor para ellos, debe haber pensado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que protagoniza una muy particular batalla contra las ocupaciones en su ciudad. Una batalla puntualmente retransmitida en redes, que no hace más que aumentar su popularidad. “Si los okupas piensan que en Badalona nos vamos a rendir van muy equivocados” anunciaba esta semana poniendo dos nuevos edificios ocupados en la diana.
Quien crea que se trata de una visión tendenciosa del PP debería repasar los esfuerzos del alcalde de Mataró, el socialista David Bote, en el mismo sentido. En 2021 las ocupaciones se habían convertido en uno de los principales problemas del municipio, con 367 usurpaciones de inmuebles, y el alcalde utilizó todas las vías legales a su alcance para expulsar a los okupas. Vías claramente insuficientes con la legislación actual.
Por cierto, siempre me ha fascinado la capacidad financiera que muestran repentinamente determinados colectivos okupas a la hora de defenderse en los tribunales. Como en el caso de un edificio de Poblenou cuya propiedad denunció la ocupación desde el primer momento, pero lleva desde 2022 litigando por la vía penal primero, hasta la Audiencia de Barcelona, y por la civil después, donde la juez argumenta que esa tampoco era la vía. ¿De verdad?
“Aunque resulte raro y contradictorio” reconoce la juez en su sentencia, “puede ocurrir que el ordenamiento jurídico tutele a alguno que ha violado sus preceptos y se ha apoderado ilícitamente de una cosa” -los okupas-, mientras deja “en una situación de inferioridad a quien en el fondo no hace más que ejercitar su derecho”. Pues sí, es más que raro; es injusto y el legislador debería empezar a corregir este despropósito que no hace más que poner palos en las ruedas del mercado inmobiliario.
Lo apuntaba este sábado el decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez, en Cope Catalunya. Sánchez recuerda con añoranza la Ley de vivienda impulsada por Carme Chacón. “Vamos a reforzar los medios judiciales para agilizar los desahucios” anunció Chacón, convencida de que “la mejor ayuda que podemos dar a los propietarios es la garantía legal” para que “se sientan más protegidos frente a los morosos sistemáticos y profesionales”.
Qué cosas tiene la hemeroteca, visto en perspectiva, parece increíble que esas declaraciones las hiciera una ministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta semana el Colegio de Abogados de Barcelona presentará una propuesta de reforma legislativa trabajada con sus homólogos del Colegio de Madrid en el marco de su 2ª Congreso sobre la ocupación ilegal -por algo será que han tenido que repetir tema-. Harían bien los responsables políticos en escuchar sus propuestas.