La izquierda ha comenzado a entender cosas de cierto sentido común: en la vía pública el orden debe prevalecer, porque es de todos, porque la convivencia debe ser el gran objetivo de una administración pública. Y en Barcelona, en los últimos años, eso se había olvidado.
Es cierto que la proliferación de turistas, con distintas tipologías, lo ha complicado todo. La ciudad se ha asociado a diversión, a juerga, a distensión, y tanto los foráneos como los locales han creído que ese espacio público podía ser el patio de atrás.
Como ha sucedido en el ámbito de la seguridad, la izquierda ha ido aprendiendo la lección al interesarse por otras cuestiones como la convivencia en la esfera pública.
No se trata de una tensión ideológica, sino de aplicar los mecanismos que tiene un gobierno democrático. La mayor atención para perseguir a los delincuentes, los que cometen delitos menores –sí, pero delitos—una y otra vez, la presencia policial en las calles, es algo que agradece la ciudadanía, al margen de sus preferencias políticas.
Y ahora el gobierno municipal de Jaume Collboni quiere impulsar una revisión integral de la Ordenanza de Convivencia. Va tarde, pero tendrá premio si el consistorio la aprueba con el consenso necesario.
Hay muchos elementos en esa ordenanza, que va encaminada a una idea muy clara: el ciudadano debe asumir su responsabilidad, sea un turista o un residente. Si se pinta una pared, un local, un mobiliario urbano, se deberá atender el gasto que supone su limpieza. Si se es tan irresponsable como para no utilizar un lavabo público, y se realizan esas necesidades fisiológicas en la calle, se deberá pagar la multa correspondiente. Y el descuento por el pronto pago será mínimo.
Y las rutas etílicas se acabarán, con multas de hasta 3.000 euros. La ciudad de la anarquía, del paseo en condiciones indeseables, se va a acabar. Esa es la intención del gobierno municipal, y ahora se deberá exigir también la responsabilidad de los grupos de la oposición para sacar adelante la ordenanza.
La izquierda ha comenzado a valorar ciertas cosas. La mano dura en la vía pública es una garantía para todos los ciudadanos. Los servicios públicos deben funcionar, los negocios privados deben poder atender a sus clientes, y el ciudadano debe asumir que todo tiene un coste. Lo que no vale es pedir menos impuestos y reclamar que todo funcione como un reloj. Se puede administrar mejor el dinero público, claro, pero al mismo tiempo se debe pasar cuentas a todo aquel que se extralimita.
Turistas y residentes locales: si la lían, pagarán lo que el consistorio exija, que es el representante de todos los vecinos y vecinas de Barcelona.
Eso, claro, si la ordenanza acaba prosperando. Que ese es otro debate.
