Si hay un ecosistema vulnerable y bajo la amenaza constante de la especulación urbanística, ese es el Delta del Llobregat. Se trata de un espacio llano, situado en el corazón del área metropolitana de Barcelona, de unos 98 kilómetros cuadrados. De esta superficie, el 60 % ya está pavimentado.

El valor del Delta del Llobregat es incalculable. Desde un punto de vista natural, es el tercer humedal más importante del país, un hábitat fundamental para múltiples especies de flora y fauna y un punto imprescindible en las rutas de aves migratorias entre Europa y África. Precisamente los hábitats de aguas continentales son los que se encuentran en peor estado en Catalunya. Según el informe de la Generalitat Estat de la Natura a Catalunya 2020, entre 2002 y 2019 se detecta una disminución del 54 % de las poblaciones de especies ligadas a ambientes de agua dulce.

Esta es una reducción dramática que anuncia la extinción de especies de estos ecosistemas a corto plazo. Extinciones que, a nivel local, ya están ocurriendo. En el Delta del Llobregat, en 1950 había seis especies de anfibios con poblaciones estables. En la década de los 2000, en cambio, solo queda una especie autóctona con población estable (rana verde), dos especies con poblaciones en regresión (ranita meridional y sapillo pintojo) y tres ya extinguidas (sapo de espuelas, sapo común y sapo corredor).

Pero además de los valores intrínsecos, el Delta del Llobregat ofrece unos Servicios Ecosistémicos fundamentales para la población del área metropolitana como la protección de la costa frente a temporales marítimos, depuración del suelo, el agua y el aire que respiramos, generación de suelo fértil, captura de carbono, reducción del ruido, el viento y la contaminación paisajística, y, por último, refrigeración natural de las ciudades.

Entre los servicios culturales, este territorio también ofrece oportunidades únicas de educación e investigación científica, de ocio y deporte, además de representar valores simbólicos e identitarios y un patrimonio natural heredado de generaciones anteriores. Se puede afirmar sin lugar a dudas que la calidad de vida de la población del entorno de Barcelona empeorará sensiblemente si se siguen degradando los ecosistemas del Delta del Llobregat.

Es relevante analizar el vínculo de la conservación del Delta con el cambio climático. Por un lado, sabemos que es un espacio muy vulnerable al calentamiento global: la sequía y los fenómenos climáticos extremos lo están afectando de manera especial. El temporal Gloria de enero de 2020 dejó sumergidas bajo el agua amplias zonas de la costa; y se trató de un temporal que dejó 200 litros por metro cuadrado en 48 horas.

Los mapas de riesgo de inundación de la Agència Catalana de l’Aigua y de Protecció Civil –basados en modelos y datos pluviométricos de los años 90 y 2000, ya desfasados– alertan de que buena parte del Delta quedaría sumergido en caso de un temporal extraordinario. Pero si solo 200 litros provocaron graves afectaciones, ¿qué ocurriría si llovieran 400 como en la DANA de Valencia en octubre de 2024? ¿O los 600 litros en 24 horas de Libia en septiembre de 2023? ¿O los 1.000 litros de Grecia en ese mismo mes, por el huracán Daniel?

El barranco del Poyo, en Valencia, llegó a llevar más caudal que el río Ebro. ¿Podemos imaginar un caudal superior al del Ebro bajando por las rieras del Delta del Llobregat, o el mismo río Llobregat bajando furioso con un caudal que multiplique por 10, por 100 o por 1000 el habitual? El riesgo de inundación es un peligro extremo que debería llevar a descartar cualquier proyecto urbanístico cerca de ríos, rieras y de primera línea de mar, e incluso a plantear la retirada de construcciones en riesgo de quedar afectadas por un episodio meteorológico extremo.

El otro enfoque que une el Delta con el cambio climático es el de los macroproyectos. El crecimiento urbano conlleva el empeoramiento del calentamiento global a través de dos mecanismos. En primer lugar, la construcción provoca la liberación a la atmósfera en un corto período del carbono contenido en el suelo y la vegetación que se elimina, así como la drástica reducción de la captura de CO₂ de una vegetación que desaparece.

En segundo lugar, la fabricación de materiales de construcción conlleva un alto consumo de energía –y a menudo de agua–, lo cual genera emisiones muy significativas. Como ejemplo del impacto climático asociado al proceso edificatorio, para el Pla de Ponent de Gavà –4850 viviendas en un sector forestal y agrícola entre Gavà y Castelldefels– se estiman unas emisiones mínimas de 450.000 toneladas de CO₂ equivalente.

Ante esta situación, las organizaciones sociales del territorio, agrupadas en torno a SOS Baix Llobregat y L’Hospitalet, han decidido no quedarse en el discurso del “no” y pasar a la ofensiva para plantear un modelo alternativo al predominante entre las élites políticas y económicas. Frente al relato de que el Delta es un gran solar, una reserva de suelo barato donde cabe lo que sea, las entidades vecinales y ecologistas reclaman una inversión en conservar y mejorar precisamente los servicios ambientales que ofrece este espacio. Conservar el Delta del Llobregat es un proyecto de interés público de primer orden.

La propuesta se concreta en tramitar una normativa especial para un territorio singular: la Ley de declaración del Parc Natural i Agrari del Delta del Llobregat. La declaración del parque por ley debe ir acompañada de recursos abundantes, tanto a nivel económico como de personal.

Se quiere blindar legalmente los terrenos como no urbanizables, bajo la ley de urbanismo, pero también con su inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Y para gestionar bien tanto la parte agrícola como la natural, es necesaria la aprobación urgente de un único plan de gestión. Se propone un parque zonificado en cuatro sectores diferenciados: uno dedicado a la producción agraria, otro a una agricultura que tienda a ser ecológica, uno dedicado a la protección de la biodiversidad, y unas zonas periféricas de conexión ecológica hacia los espacios naturales adyacentes.

Los impulsores de la propuesta ya la presentaron el 30 de abril ante la Comisión de Territorio del Parlament de Catalunya, y planean seguir incrementando los apoyos a la idea para impulsar, si el Gobierno no lo hace por su cuenta, una Iniciativa Legislativa Popular que obligue al debate y votación del proyecto mediante 50.000 firmas de la ciudadanía.