Este verano, miles de personas honradas aprovechan para estudiar más, repasar lo estudiado, superar notas y otros esfuerzos para continuar y acabar sus carreras universitarias.

La RAE define así la palabra carrera: “Conjunto de estudios, generalmente universitarios, que habilitan para el ejercicio de una profesión". 

Y también: “Es una elección que se toma después de estudiar y formarse en una determinada área, y que se realiza con el fin de desarrollar habilidades y adquirir conocimientos específicos”.

En la vida universitaria y profesional, se presupone que quien consigue finalizar una carrera es, como mínimo, persona constante, esforzada y disciplinada. Titulados competentes e intelectualmente preparados para ejercer su profesión.

En el Código Penal se lee: “El delito de falsedad documental se comete cuando el autor altera, simula, modifica o falsifica un documento o parte del mismo”.

Añade: “Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad”.

Ministros, ministras y politicastros de todas las costras políticas parasitarias engordan sus currículums académicos espurios. Sinvergüenzas que usan el fraude y la mentira como métodos para medrar y ocupar cargos para los que no están preparados.

Déspotas ineptos que usurpan, violan y agravian lo que es propiedad intelectual de licenciados, graduados y doctores. Intrusos que se otorgan méritos que no tienen roban los derechos y valores positivos de quienes han culminado una carrera.

Muchos estudiantes lo han logrado mediante becas, que supone mayor tenacidad, esfuerzo y sacrificio para merecerlas y mantenerlas curso tras curso.

Por el contrario, bandas de ignorantes e indocumentados con complejo de inferioridad se otorgan estudios que no tienen o no han sabido ni terminar. Eliminados del sistema universitario, degradan la muy respetable y admirable Política, en mayúscula.

No dimiten y mienten más al decir que fueron errores.  Algunos lo hacen y piden un perdón sin penitencia. La mayoría siguen carcomiendo la democracia y no se les expulsa con deshonor.

En lugar de exponerlos para siempre en la picota como vergüenza pública, se les asciende o les envían a llenarse los bolsillos a través de puertas giratorias. La mujer del presidente de España, sin licenciatura y dando clases a catedráticos, lo supera todo. 

Más indignidad. Una vicepresidenta incluyó tres masters fraudulentos en la mismísima web de la Moncloa. Con tres perdigones en el ala izquierda, los borró al verse descubierta. Ahí sigue, predicando éticas que ni sabe ni tiene. 

En el colmo del cinismo, desfachatez y demagogia ultra populista declaró que: “honestamente, me encantaría que hubiese algún ministro o ministra que fuera limpiadora o albañil”.

Pero lo que merecerían ella y sus cómplices en un país bien educado, civilizado y democrático sería limpiar sus celdas en prisión y construir muros más altos para no poder escaparse.

Al menos, entre los cuatro y ocho años que establecen las leyes que perjuraron cumplir y hacer cumplir. A sumarles, Perjurio: Pena de prisión de seis meses a dos años. Sin indultos.