Metrópoli, Crónica Global y El Español organizan, desde este martes, la tercera edición de BCN Desperta. Tres días de debates para compartir ideas y visiones sobre el futuro de la Gran Barcelona desde la óptica de la economía, la política, la cultura, la seguridad, la movilidad... Una visión necesariamente poliédrica para una ciudad y una región metropolitana en evolución constante.

“La ciudad necesita un relato nuevo. Uno que no se escriba en los pasillos del poder, sino en las calles” apuntaba Xavier Salvador este lunes en su artículo. No puedo estar más de acuerdo. Tras años de hipertrofia política -en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- urge devolver el protagonismo a otros estamentos. Sin olvidar al poder político, que en última instancia tendrá que hacer realidad la hoja de ruta que se defina. Pero esa hoja de ruta no puede estar solo en manos de la política.

Habrá quien piense que Barcelona no está ya para más debates. Que lo que necesita la capital catalana es acción, con urgencia. Acción urgente en materia de vivienda, de seguridad, de civismo o de redefinición de un modelo económico demasiado dependiente del turismo.

Es cierto. Pero lo urgente no puede tapar lo necesario. Y Barcelona necesita ese debate amplio para fijar una ruta común y consensuada que ofrece el foro organizado por Crónica GlobalMetrópoli Abierta y El Español. No es un lujo. O sí lo es. Pero en todo caso un lujo necesario.

De ahí el interés de ver desfilar, durante tres días a la consellera de Interior, Núria Parlón, y el Teniente de alcalde Albert Batlle junto a la directiva de Securitas Direct Rosa Rodríguez o el intendente de Mossos Ignasi Teixidó. O la mesa en la que coincidirán el escritor Carlos Zanón y el editor Miguel Aguilar con la comisionada del Ayuntamiento para la participación en la Feria del Libro de Guadalajara, Anna Guitart.

Un lujo que sigue desgranándose en la agenda de la segunda jornada, centrada en la vivienda. Probablemente el principal problema, el más real y transversal, no solo de Barcelona, sino del conjunto de España y de nuestros vecinos europeos.

Buena parte de los problemas de nuestra sociedad, desde la desigualdad e inseguridad económica a la seguridad física o el impacto de la migración -sin distinción de origen ni poder económico- convergen para explicar las dificultades de acceso a la vivienda. También los nuevos modelos económicos, la digitalización o la movilidad, debates que se abordarán en la tercera jornada.

La vivienda, por tanto, es un vector de conflicto que hace tiempo que ha dejado de ser solo un problema local.

Lo prueba el hecho de que el Parlamento Europeo cerrara el primer pleno del curso, la semana pasada, con un acuerdo para que los Estados miembros puedan destinar a vivienda pública los Fondos de Cohesión y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

En un momento en que la frontera Este de la Unión sufre los embates de una Rusia aparentemente desbocada, y que la relación transatlántica con EE.UU acusa los efectos de la presidencia de Donald Trump, Ursula Von der Leyen ha encontrado también en la vivienda -una cuestión de ámbito teóricamente local- un problema transversal con el que dirigirse a todos los europeos.

Es cierto que la UE apenas tiene competencias en este ámbito. Pero sí tiene dinero, fondos que pueden multiplicar la inversión de sus Estados miembros en vivienda pública. En concreto 392.000 millones de euros que la UE acordó repartir entre sus miembros a través del Feder, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Transición Justa entre 2021 y 2027.

Algo más de 35.500 millones de euros en el caso de España, según el acuerdo entre Gobierno y UE de 2022.

El acuerdo de la semana pasada avala dedicar parte de ese monto a políticas de vivienda. ¿Cuánto? Habrá que atender a los debates de este miércoles para atisbar una respuesta.