Coincidí en la jornada BCN Desperta! con el profesor de Economía de la UB, Gonzalo Bernardos y nuestro debate provocó su artículo (que enlazo), que me ha animado a continuar el debate y responder a sus argumentos.

El sr. Bernardos etiqueta al gobierno municipal, y especialmente a mi persona de “podemita”, cosa que, aunque no me siento identificado con el adjetivo, lo prefiero a otros que me han llamado desde la extrema izquierda.

Y para justificarlo reivindica una serie de argumentos de profundo talante liberal muy alejados de la socialdemocracia que ha permitido que Europa sea el referente de calidad y equidad gracias a su Estado del Bienestar: ¿Es que acaso es socialdemócrata dar rienda suelta al turismo? No, es evidente que Barcelona ha tocado techo.

¿Es que acaso es socialdemócrata dar vía libre a las viviendas de uso turístico y en consecuencia perder los pisos para otros usos y no para aquel que sí quiere vivir en Barcelona? Tampoco.

¿Es que acaso un alcalde socialdemócrata debe velar en primera instancia por el librecambismo? ¿o debe velar por sus vecinos y vecinas, por su trabajo y su vivienda? Es evidente la respuesta y cuál es el principal compromiso del gobierno municipal, y por eso, a la vez que Barcelona es ya hoy el gran centro de trabajo del país, es una prioridad clave hacer más asequible vivir en la ciudad.

¿Cabe proteger el uso residencial de las viviendas mediante regulación? Por supuesto. ¿Cabe la intervención del mercado de alquiler mientras dure el período de escasez? También, exactamente como ha ocurrido siempre que ha habido escasez de cualquier producto esencial para la sociedad (¿recuerdan la burbuja de las mascarillas?)

La respuesta del libremercado a la situación de escasez siempre ha sido la subida de precios, y así se explica que entre 2013 y 2023 los nuevos alquileres subiesen un 70% mientras que los salarios solo un 20%.

Existe un consenso social amplio sobre el libre mercado para bienes y servicios, pero cuando se trata de derechos (y la vivienda lo es, como la salud y la educación) hay que regular su universalización. Del mismo modo que en 1986 con la Ley General de Sanidad promovida por Ernest Lluch empezó a andar nuestro sistema público de salud, tan envidiado por otros países, ahora es el momento del sistema público de vivienda.

Entonces fuimos capaces de hacer un sistema público de salud que, a la vez que garantiza la atención sanitaria, también es capaz de estimular y promover un sector privado potente que crece y se desarrolla a medida que también crece la cobertura social (desde la industria farmacéutica, la auxiliar, los seguros, la economía de los cuidados, etc.)

Y esto se puede hacer en vivienda, ya hemos empezado. A medida que se crea un sistema público de vivienda en cooperación con todas las administraciones, también se impulsa, promueve y crece un sector privado y social, mientras entre todos proveemos de techo a la ciudadanía.

Por eso la colaboración público-privada es esencial, para ser capaces de generar la vivienda que la ciudadanía necesita, lo más rápido posible y en consecuencia también disponer de un sector de la edificación y la rehabilitación más dinámico, ya que hoy en Barcelona tan solo representa el 4% de su actividad y en Catalunya un escaso 5,3% del PIB.

La socialdemocracia no confronta público y privado, al contrario, sabemos que necesitamos al privado. Fue un error grave polarizar el debate de la vivienda: primero porque es un derecho que nos afecta e interpela a todos, segundo porque es sabido (por la experiencia de la última década) que el mercado es incapaz de proveer de vivienda asequible, tercero porque el sector público por sí solo no tienen suficiente dimensión, y finalmente y sobre todo, porque la ciudadanía lo exige, exige un gran pacto de vivienda para el que, desde los valores de la socialdemocracia, trabajamos activamente en hacer posible.