Albiol tenía razón, ya nadie quiere a los okupas

Encuentro de amigas este lunes. Una de ellas relata, fascinada, la expulsión de los okupas que llevaban tiempo instalados en su edificio. Mi amiga vive en el codiciado nuevo frente marítimo de Badalona. En el último de los edificios construidos frente a la playa, en la frontera con Sant Adrià de Besós. Y el desalojo lo protagonizó, por supuesto, Xavier García Albiol, el alcalde que ha convertido la persecución a los okupas en uno de sus mejores argumentos políticos, como demuestran sus redes sociales.

Vaya por delante que mi amiga --una australiana casada con un catalán que lleva 40 años viviendo en Barcelona– es votante de izquierdas y advierte que lo seguirá siendo. También señala que Albiol “llegó al final para ponerse la medalla”, y que todo el trabajo lo hizo, durante horas, la patrulla de la policía local.

Pero nada de eso es óbice para que se muestre encantada con un gobierno local por el que los vecinos se sienten escuchados. Porque la okupación de una vivienda en una comunidad recién estrenada, con precios no baratos y amplias zonas comunes que invitan a la convivencia de los inquilinos suele convertirse en un problema.

También en este caso había un problema de convivencia con los okupas. De ahí las quejas y denuncias que acabaron con la mediación de la policía local.

Los vecinos relatan, también en los vídeos de promoción difundidos por el propio Albiol, el temor a las consecuencias de la “luz pinchada”. O la incomodidad ante una vivienda cada vez más repleta de gente, que los propios vecinos se preocuparon de vaciar y limpiar tras la salida pactada de los okupas.

Lo que no sale en las redes, pero sí me cuenta mi amiga, es la enorme incomprensión entre los vecinos extranjeros. Un norteamericano, o un par de argentinas, entre otros, que no pueden entender por qué, en España, es legal okupar una vivienda.

Porque si la policía no puede echarte y el propietario tiene que invertir tiempo y dinero en llevarte ante la justicia para recuperar su propiedad, lo lógico es pensar que se trata de una actividad legal. Aunque realmente no lo sea.

¿Recuerdan cuando desde la izquierda insistían en que la okupación “es un problema inventado por la derecha”? Lo decían alegremente todos los portavoces de la progresía fetén. Desde una Irene Montero recién ascendida al liderazgo de Podemos a Eulàlia Reguant , la gran propietaria inmobiliaria --su familia acumula 35 propiedades en Barcelona-- que defendía como portavoz de la CUP que hay que okupar las segundas residencias.

Hace tiempo que casi nadie defiende ya ese extremo, si acaso algún tertuliano despistado. La okupación es un problema porque se ha convertido en un negocio ilegal, que en muchos casos deriva en otras actividades ilegales, y en otros tantos genera problemas de convivencia o situaciones de riesgo.

Lo saben bien los muchos alcaldes socialistas que nunca comulgaron con ruedas de molino, aunque no se atrevieran a contradecir en público esa tesis tan bien instalada en según que círculos según la cual “contra el propietario todo vale”. Como David Bote, alcalde de Mataró, que lleva años utilizando todas las rendijas legales para acabar con eso que hemos dado en llamar “okupaciones conflictivas”. ¿Hay alguna que no lo sea?

Lo saben también los primeros ediles de Junts, que claman por medidas efectivas para frenar las okupaciones que proliferan en algunas zonas con el objetivo de instalar plantaciones de marihuana. Indoor y outdoor, que de todo tenemos en Cataluña.

Habrá quien piense que lo sabían incluso los alcaldes de ERC, cuando los republicanos cometieron ese “error injustificable” que permitió agilizar los desahucios. Corría ya noviembre de 2024 y el PNV presentó una enmienda a la reforma del Código Penal para agilizar los lanzamientos por la vía de juicios rápidos. Y, curiosamente, tanto ERC como Bildu se equivocaron al votar, permitiendo su aprobación.

Fue en 2018, preparando ya su candidatura para las elecciones municipales del año siguiente, cuando García Albiol difundió su primer vídeo riñendo a unos okupas en un edificio del barrio de la Salut de Badalona. Sus oponentes --dentro y fuera de Badalona-- le acusaron entonces de crear problemas donde no los hay.

Olvidaron los supuestos defensores del más débil que, cuando se sustituye el Estado de derecho por la ley del más fuerte, los primeros que pierden son los vulnerables. Albiol no lo hizo, y hoy gobierna con mayoría absoluta la tercera ciudad de Cataluña.