La seguridad no es de derechas

Barcelona dispone desde hace unos días de una nueva ordenanza sobre el civismo que pretende, según un bando emitido por el alcalde, Jaume Collboni, hacer la ciudad más amable para todos: los residentes y los visitantes, sean turistas o procedentes de las poblaciones vecinas.

Un objetivo encomiable.

”Tenemos la voluntad de proteger el espacio público como lo que es: un bien común y un lugar de encuentro que todo el mundo pueda disfrutar, sin que el incivismo de unos pocos perjudique a los derechos del resto”, dice el alcalde.

Poco después enumera algunos de los principales problemas a resolver: “el consumo irresponsable de alcohol en la vía pública, especialmente cuando implica a menores; de las micciones y defecaciones en la calle, o de las pintadas en espacios no autorizados, que dañan el patrimonio colectivo y generan costes que acabamos pagando entre todos”.

El caso es que estos mismos días han aparecido algunos estudios sobre movilidad que dejan claro que hay otros problemas que el bando no cita. El principal, la inseguridad de los peatones, acosados en las aceras por todo tipo de vehículos de movilidad personal.

Es de esperar que, aunque el alcalde no se haya acordado de ello en el bando, sí lo haga a la hora de conseguir una ciudad más amable, también para quienes tienen el vicio de ir peligrosamente a pie por ella.

Después de todo, incluso los que dejan la moto casi en el rellano de la escalera, acaban por bajarse de ella y caminan el último trecho hasta la silla de trabajo. De momento, bicicletas y patinetes aún no han tomado los pasillos.

Lo más notable de la nueva ordenanza no son los objetivos parciales sino la asunción por la izquierda del derecho a la tranquilidad de los ciudadanos.

Una lectura poco cuidadosa de Rousseau ha impulsado a algunos izquierdistas de buena fe a creer a pie juntillas que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le corrompe. Por lo tanto, las medidas que hay que tomar no deben ser represivas sino educativas y redistributivas.

Con esto, como ha recordado recientemente Emilio Delgado, de Más Madrid, se ha dejado el discurso sobre la seguridad, las promesas de seguridad, en manos de la derecha, cuyas medidas se basan más en el palo que en la zanahoria.

La seguridad es la base de la convivencia. Incluso en las relaciones económicas capitalistas (¡tan salvajes!) se exige seguridad, en este caso jurídica.

El ideal, por supuesto, es que todo el mundo se comporte de forma respetuosa y a ello sólo se puede llegar con medidas igualitaristas, integradoras y educadoras.

Pero mientras tanto ¿qué?

De todas formas, conviene no pasar por alto esa indigestión de rouseaunianismo. El hombre no es bueno por naturaleza (tampoco malo). Ejemplos de perversión, incluso entre quienes no sufren necesidades perentorias, los hay a manta. Ahí está la lista de los amigos de Epstein: la mayor parte de ellos poderosos y envilecidos, convencidos por experiencia de tener más derechos que los demás.

Claro que evitar esos desmanes no es objetivo de la ordenanza cívica sino del código penal. Un gran instrumento si no fuera que es cada día interpretado por algunos jueces especialmente hábiles a la hora de saber con quién se meten.

No es lo mismo enjuiciar a un robacoches que a Zaplana o Montoro, con quienes todas las consideraciones son pocas.

Eso sin contar con la maldad que se percibe en las palabras y los hechos de gente como Trump, Netanyahu, Putin. O, si se quiere en malos de segunda división: Ortega o Bukele.

El bando de Collboni deja claro, sin embargo, que la ordenanza nace con un talón de Aquiles. Dice el alcalde que se encargará de su cumplimiento la Guardia Urbana.

Habrá que confiar en que él sepa dónde encontrarla, porque por la ciudad apenas se les ve.

Es estadísticamente improbable que los peores agentes de la autoridad estén todos en ese cuerpo, de modo que la explicación más razonable para lo que parece inoperancia sea una pésima dirección cuyas prioridades no están claras. Incluso cabe que esté mal planificada.