Tienda de la lujosa marca Santa Eulalia en la zona alta de paseo de Gràcia
¿Justicia privatizada?
"La asistencia legal gratuita para personarse en los juicios contra quienes han robado a los clientes del paseo de Gràcia es como privatizar la justicia, además de dar por inevitable el robo y concentrarse en el endurecimiento de su condena"
En abril pasado, el Ayuntamiento de Barcelona anunció su personación en los juicios contra multirreincidentes. El objetivo, después de la última modificación del Código Penal para ciertos casos de robos y hurtos, consiste en ayudar a la fiscalía en el castigo al delincuente.
Una forma de colaborar con la administración de justicia, que no da abasto. Un consistorio, que es parte del Estado, echa una mano a otro brazo del Estado que está desbordado.
No se trata de sustituir a la fiscalía, sino de ayudarle en su trabajo porque no llega o no lo hace bien. Y, por lo visto, ya se han obtenido los primeros resultados de esa colaboración.
El primer éxito
Hace unos días, y por primera vez en la historia, un juzgado de Barcelona dictó prisión provisional por multirreincidencia contra una persona que arrastraba 34 condenas por pequeños hurtos.
El magistrado atendió la petición del consistorio, que reclamaba cárcel para un delincuente especializado en el menudeo contra los visitantes de la playa del Somorrostro.
Y no ha sido el único éxito de la iniciativa municipal. Desde el día 1 de septiembre, los clientes de las tiendas, restaurantes y hoteles del paseo de Gràcia tienen derecho a la asistencia del Bufete Molins para personarse en las causas contra quienes les hayan robado.
Pau Molins es un abogado que ha llevado causas muy importantes y mediáticas, como la de Cristina de Borbón en el caso Noos, Sandro Rosell en la Audiencia Nacional; Narcís Serra por los sobresueldos; Félix Millet por el expolio del Palau de la Música; Shakira y sus cuentas con Hacienda. Además, tiene el despacho en la zona central del área protegida.
Condenas duras
Esa asistencia, gratuita para la víctima, pretende ayudar a la acusación pública para lograr condenas duras u órdenes de alejamiento. O sea, para endurecer las penas de los hurtos y acabar con la sensación generalizada de que los ladrones entran en los juzgados por una puerta y salen por otra.
Acabar con la percepción de impunidad que tienen tantos ciudadanos y, por lo visto, no pocos amigos de lo ajeno. A la vez, quizá sin pretenderlo, generar la impresión de que la justicia se privatiza para paliar sus ineficacias.
En un tribunal, el fiscal es tan importante como el juez, que en la mayor parte de los casos se apoya en los argumentos jurídicos de la acusación pública para elaborar y respaldar la sentencia.
Si el fiscal es ayudado en su trabajo por un abogado que paga el Ayuntamiento o las tiendas y hoteles de lujo de la ciudad, su labor se externaliza parcialmente y de alguna manera se privatiza. Es como si las cárceles no dieran abasto para albergar a la población reclusa y empresas privadas financiaran la construcción de nuevas prisiones para alquilarlas al Estado. O algo muy parecido.
Hechos consumados
La decisión de los comerciantes del paseo de Gràcia supone incluso algo más importante: en lugar de hacer un esfuerzo preventivo reforzando la vigilancia, por ejemplo, van más allá, como si el hurto fuera inevitable.
Lo que ofrecen a sus clientes no es protección, sino ayuda para conseguir el castigo más duro de los posibles para los culpables, a quienes envían un mensaje: si robáis aquí no tendréis impunidad, sino mano dura. El Estado falla; nosotros, no.
En el ámbito de la delincuencia entramos en otro estadio, uno que nadie ha incluido en un programa electoral ni ha defendido públicamente.
