Un gran propietario ha conseguido abrir un bloque de 120 pisos turísticos con gimnasio y lavandería en la calle Valencia, a pesar de la prohibición que hay en Barcelona. Y otra vez, la concejala Janet Sanz Cid queda desautorizada y en ridículo. Antisistema como dice ser, no hizo caso de la Justicia cuando en 2017 tumbó las normas municipales al respecto de Colau y dio la razón al propietario. Pero como tiene por costumbre, la concejala de urbanismo culpa al juez y cuestiona la interpretación judicial. Su metedura de pata abre paso a que haya más concesiones de pisos turísticos, hoteles, albergues y pensiones cuyas solicitudes de apertura fueron rechazadas. Y para mayor demostración de la torpeza de la edila, el consistorio desconoce la cifra de sus propios rechazos. Además, un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra Colau y Sanz por el proyecto de superilla, un presunto delito urbanístico y otro de malversación grave.
Sin admitir el “agujero legal” de la que es responsable, el periodista de Crónica Global, Ignasi Jorro, anticipó en 2021 que la pifia de Sanz comportaría un alud de demandas para reclamar después que el TSJC anulase el “cerrojazo” al sector. Arrogante y soberbia, Sanz puede enfrentarse a multitud de indemnizaciones y gastos en los tribunales por los daños y perjuicios causados, que acabarán pagando los contribuyentes. A pesar de que presuntamente abusó de las licencias, restringió ilegalmente una actividad económica y causó inseguridad jurídica, Sanz no asumirá responsabilidades, no dimitirá y siempre le quedará una chalupa en Menorca.