'No' unánime de los vecinos en la consulta sobre el albergue de la Vila Olímpica. 1260 residentes en el barrio, de los 1297 que acudieron a votar, rechazan este macro equipamiento de 440 plazas turísticas. Con estas cifras como aval, la Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica exige al gobierno municipal que acate el resultado y dé un paso adelante en las negociaciones con los propietarios del inmueble.
El censo partía de las últimas elecciones municipales, con 6.211 adscritos y la participación ha alcanzado el 20,8%. La La plataforma vecinal, impulsora de la consulta, valora positivamente la cifra en relación a votaciones similares como la de la reforma de la avenida Diagonal de 2010, que contó con una participación del 12%.
El presidente de la asociación vecinal, Jordi Giró, ha advertido de que en caso de que el equipo de Colau se enroque en el inmovilismo, la plataforma responderá con un contencioso. Los vecinos conceden un mes de margen de actuación al Ayuntamiento antes de llevar el caso a los tribunales, pero reiteran que “no pararán hasta llegar hasta el final”.
Ante la negativa del Ayuntamiento a comprar el edificio, una operación que cifraron en 15 millones de euros, Giró ha recordado que “hay otras soluciones”. Entre ellas, alquilar el inmueble para trasladar sus oficinas (puesto que actualmente el consistorio ya es arrendatario en un inmueble en el barrio) o convertirlo en un espacio público que no busque la explotación turística mediante la permuta. “Lo que está claro es que las alternativas pasan por la negociación”, ha apostillado el presidente de la entidad.
DENUNCIAN EL PROCESO
Giró ha insistido en que la licencia otorgada por el consistorio “es legítima y no la cuestionamos”. Lo que denuncian los vecinos es “el recorrido hasta que se llegó a conceder”, un procedimiento en el cual afirman que no haber tenido "ningún papel". De hecho, como han recordado, pese a los constantes encuentros con representantes políticos, los vecinos no tuvieron conocimiento de que la licencia se había otorgado “hasta que nos encontramos unas vallas frente al edificio”.
Entre las críticas a cómo ha sido este proceso, los vecinos recriminan que cuando se concedió el certificado de aprovechamiento urbanístico, aún con el equipo de Trias al mando, se hablaba de futuros “usos residenciales” en el equipamiento. Sin embargo, bajo esta “perversa” etiqueta se escudaban también los albergues juveniles. Finalmente, en 2016, cuando se tramita la licencia, se hace alusión a “obras mayores con cambio de uso”, especificando por primera vez a qué se destinará el equipamiento.
El portavoz vecinal también ha remarcado que ante un proyecto de esta envergadura, el Ayuntamiento debería haber elaborado un Plan de Mejora Urbana, así como estudios que analizaran el impacto en movilidad y ambiental que supondría para el barrio.Conretamente, Giró ha señalado importantes carencias de aparcamientos y seguridad en la zona para acoger este equipamiento. A estos factores se suma la propia morfología del edificio, que no dispone de un espacio interior (lo que iría contra la normativa) para hacer vida común, "por lo que estas 440 personas la harán fuera".
VÍA PATRIMONIAL
Paralelamente, los vecinos han adelantado que exploran otra línea de actuación: la tramitación de un expediente para que el edificio sea catalogado como patrimonio cultural de Barcelona o de Catalunya. En este caso, será la Generalitat quien decida si se declara el inmueble como 'bien de interés cultural', lo que conllevaría "una serie de restricciones sobre la licencia" para proteger el edificio.
Entre ellas, la protección de la fachada, que ya ha sido destruida durante las obras en una modificación del edificio que no se preveía en los primeros trámites de la licencia. De hecho, Giró ha recriminado que el concejal del distrito de Sant Martí, Josep Maria Montaner, que criticara que la Vila Olímpica “se olvidara de parte de su patrimonio histórico”, borrando parte de la huella industrial del barrio, y que ahora “esté aplicando este mismo criterio”.
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