Los representantes de la Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9) se han reunido este martes con representantes municipales, un año después de la implantación del nuevo modelo de gestión del espacio público que el Ayuntamiento quiere expandir por toda la ciudad.

La superilla del Poblenou es el banco de pruebas para expandir el modelo por toda la ciudad, una de las obras de gobierno de Ada Colau, por lo que los representantes municipales no están dispuestos a ceder en los conceptos básicos, precisamente lo que piden los miembros de la PASP9 que se modifique.

Los miembros de la PASP9 consideran la superilla del Poblenou “un mal invento, una mala idea y una mala ejecución”, según su presidente, Jordi Campins, que así se lo hizo saber a los representantes municipales en la reunión.

“Les hicimos una exposición larga y extensa de nuestra valoración de la superilla”, explica Campins a Metrópoli Abierta, y añade que “por primera vez les hemos podido leer todo nuestro memorial de quejas y debatirlo”, aunque acota que sin conseguir que se modifique ninguno de los puntos principales, como pueden ser los bucles circulatorios o los obstáculos a los vehículos.

DENUNCIA A LA VISTA

La reunión, que duró dos horas, sirvió para poner de manifiesto la distancia entre la PASP9 y los responsables municipales, cuya delegación estaba encabezada por el regidor del distrito de Sant Martí y arquitecto Josep Maria Montaner.

Cuando fueron convocados a la reunión, los representantes de la Plataforma intuyeron que el Ayuntamiento quería suavizar las posturas, puesto que la PASP9 amenaza con presentar una denuncia al consistorio si no se retira la superilla del Poblenou. Pero tras la reunión no tienen claro que esa fuera la intención, pues la cita se volverá a repetir este jueves con los partidarios de la superilla, organizados a través del Col·lectiu Superilla del Poblenou, y tampoco vieron se llegara a ningún tipo de acuerdo.

La querella se presentará el 2 de febrero, tal como amenaza Campins, si el Ayuntamiento no se retracta o da una respuesta al requerimiento oficial que presentaron el pasado 31 de julio, previo paso para poder entregar la denuncia en el juzgado. Tras la reunión “por parte nuestra todo sigue igual”, indica Campins.

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