El juez que investigó la organización del referéndum del 1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, se encuentra hospitalizado desde el lunes en estado grave en un hopital de Barcelona, según fuentes jurídicas.
Ramírez Sunyer, que es el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, lleva desde febrero de este año la investigación de los preparativos del referéndum y de presuntas irregularidades en torno al proceso soberanista cometidos presuntamente por miembros del Govern o vinculados a él.
El juez, que actualmente tiene 70 años de edad, recaló en 2013 en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, donde podría ejercer dos años más dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha permitido retrasar su jubilación.
Este juez está recusado por varios de los detenidos por su presunta implicación en el 1-O en el operativo de la Guardia Civil del 20 y 21 de septiembre en la Conselleria de Economía y otras dependencias de la Generalitat, por lo que desde esas fechas toma las decisiones su sustituto, el titular del Juzgado de Instrucción 29.
20 INVESTIGADOS
La operación ordenada por Sunyer en septiembre dejó a 20 personas investigadas formalmente, 14 de ellas detenidas; 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas de Vox, contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.
En principio se investigaba en esta causa al propio Vidal; al director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, y la investigación se ha ido ampliando a los principales organizadores del referéndum.
En las últimas semanas han fallecido por repentinos problemas de salud otras dos personas del sector judicial vinculadas a las actuaciones sobre el proceso soberanista: el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.