El pasado 29 de octubre, un gran despliegue de Mossos y Guàrdia Urbana dio un golpe a una red de distribución de heroína y gestión de narcopisos en el Raval, que acabó con 55 detenidos. La banda, de origen dominicano, quedó desmembrada, pero el tráfico de drogas sigo estando muy presente en el barrio. Para evitar que se repitan escenas de violencias como las vividas en los últimos meses, el Ayuntamiento ha desplegado un importante dispositivo de seguridad en el barrio, aunque su efectividad no convence a todos.
Uno de los que mas críticos se muestran con la gestión de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico es un agente de la Guàrdia Urbana y portavoz del sindicato CSIF en el cuerpo, Eugenio Zambrano, quien discrepa sobre la efectividad del dispositivo. Según su opinión, “para combatir la violencia, las agresiones sexuales, los robos, los hurtos, etc... se han de hacer micro redadas, micro operaciones, para que el delincuente nunca sepa por qué calle va a aparecer la policía”.
VIGILANCIA NO EFECTIVA
En cambio, el dispositivo especial de seguridad que se ha implantado en el Raval consiste en “vigilancias estáticas”, según denuncia Zambrano, que reclama que sean “dinámicas”, porque si no “el delincuente tiene un mapa de la zona en conflicto en la que está la policía. El delincuente no va a actuar en esa zona, lo hará fuera de la zona”, argumenta Zambrano, quien describe este operativo como “una operación de marketing, de lavado de imagen de Colau” para crear “una imagen de seguridad que no es real”.
Una de las principales reivindicaciones que piden es el aumento de personal en la Guàrdia Urbana, porque denuncian que faltan agentes para patrullar por las calles, por el metro, para luchar contra la venta ambulante. “Cuando se apriete más en el Raval, -la delincuencia- se moverá a otras zonas. Hemos de tener un plan B para controlar la delincuencia en otros distritos”, reclama Zambrano.
FRACASO EN SEGURIDAD
El sindicato CSIF de la Guàrdia Urbana es el más crítico con Ada Colau, máxima autoridad de seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona. Acostumbran a acudir a los plenos a protestar por el desmembramiento de la USAP, la unidad de antidisturbios del cuerpo, o por la gestión de la alcaldesa en el campo que les concierne.
Aunque reconocen el éxito de la operación del pasado 29 de octubre, Zambrano insiste en que “lo que evidencia es el fracaso de la política de seguridad de Ada Colau” porque si se hubiera hecho bien el trabajo no habría hecho falta hacer la macro redada. Además, denuncia que la mala gestión del cuerpo provoca la frustración profesional, por lo que han pedido que se haga un test psicosocial a los agentes para conocer su estado de salud mental por el estrés que soportan al trabajar con pocos recursos y en un clima de mayor inseguridad.