Una mujer de origen nigeriano junto a una Policía Nacional tras ser liberada

Una mujer de origen nigeriano junto a una Policía Nacional tras ser liberada

Sucesos

En libertad siete mujeres explotadas sexualmente

Las víctimas viajaban de Nápoles hasta Barcelona y posteriormente eran trasladadas a la provincia de Almería

30 julio, 2019 12:31

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La Policía Nacional ha liberado a siete mujeres de origen nigeriano víctimas de trata sexual en Almería y ha detenido a nueve personas relacionadas con el caso. Cuatro de los arrestados ya han ingresado en prisión preventiva después de pasar a disposición judicial, en la provincia almeriense así como en Sevilla y Murcia.

La investigación arrancó en octubre de 2018 por la declaración de una de las siete víctimas, donde explicó detalladamente cómo había sido su proceso de trata desde Nigeria hasta su explotación sexual en el sur de España.

SITUACIÓN PREACARIA

Tras varios meses de investigación se llegó a descubrir la existencia de una organización delictiva formada por ciudadanos nigerianos asentados en Italia y en España. Además, también contaba con una fuerte estructura en Nigeria.

La organización raptaba a sus víctimas en los lugares más vulnerables del país africano, donde la gran mayoría de ciudadanos viven en condiciones precarias. De esta manera, los criminales prometían a las mujeres una vida mejor y un trabajo digno.

Para trasladar a las mujeres hasta eEspaña realizaban la ruta de Nigeria, Níger, Argelia, Libia, Italia y España, esquivando los controles policiales europeos con pasaportes falsificados que les proporcionaba la organización.

10.000 EUROS EN EFECTIVO

Una vez se encontraban en Italia, viajaban en barco de Nápoles a la capital catalana para no levantar sospechas y, al llegar a territorio español, realizaban la solicitud de Protección Internacional, siguiendo las instrucciones que les habían dado sus explotadores. Posteriormente, las mujeres eran trasladadas a la provincia de Almería donde eran prostituidas en pisos para pagar la deuda contraída con la organización, que alcanzaba los 30.000 euros.

Tras los registros producidos en las viviendas del sur de España se ha intervenido documentación falsificada, equipos informáticos y teléfonos móviles, además de tarjetas de memoria externa y 10.240 euros en efectivo.