Acció Raval denuncia la existencia de 35 puntos de venta de droga en el barrio de Ciutat Vella. Son seis más de los 29 que la entidad contabilizaba antes de la gran operación policial contra la droga del pasado 7 de octubre. Un mes después, el portavoz de la plataforma, Ángel Cordero, valora la redada como un "escaparate muy espectacular" que no ha servido para eliminar los narcopisos, un fenómeno que no desaparece.
"No alcanzaremos las cifras del inicio, pero creíamos que era residual. Están empezando a surgir de nuevo. Los consumidores acuden a los pisos y se quedan para consumir", explica este miércoles a Metrópoli Abierta. Los miembros de la entidad están "bastante descontentos" con la actuación de la Generalitat. Asegura que el Ayuntamiento de Barcelona está "dispuesto" a colaborar, pero que el Govern, "que es quien tiene las competencias, no tiene ningún tipo de voluntad".
FISCAL DE BARRIO
Los activistas echan de menos una "unión" entre ambas administraciones y reclaman agilizar las entradas y los registros judiciales en los pisos okupados por los traficantes. "Tenemos que apelar a la confianza con la policía, cosa que estamos empezando a perder", insiste Cordero, que propone un "fiscal de barrio" para centralizar las denuncias vecinales y acelerar las investigaciones. "El Departamento de Interior no está siendo sensible con lo que está pasando", critica.
Empleados de una funeraria entran en la 'narcofinca' de Príncep de Viana para ecoger el cadáver de una mujer víctima de sobredosis / ACCIÓ RAVAL
La medida más efectiva para combatir la proliferación de estos pisos de consumo y venta, reclaman los vecinos, gira entorno a políticas de vivienda preventivas que reduzcan el número de pisos vacíos en el Raval. A pesar de los grandes operativos y los dispositivos policiales los traficantes "ganan terreno en cero coma", lamenta el portavoz de Acció Raval. Un escenario que "desanima" y "enfurece" a los residentes.
El último operativo contra los narcopisos, el tercero desde 2018, terminó con la detención de 60 personas, 20 de ellos ingresaron en prisión, el decomiso de seis kilogramos de heroína y 60.000 euros en efectivo. El intendente de los Mossos, Rafa Tello, dijo entonces que tenían bajo lupa a tres narocopisos y otros puntos de venta en investigación, una afirmación que desmiente Cordero que eleva a 35 los actuales puntos de distribución.
BATALLAS CAMPALES
La calle Reina Amàlia es estos días el punto más caliente de los conflictos ocasionados por el tráfico de drogas. Dos grupos, uno de origen pakistaní y otro español, han protagonizado estas últimas tres semanas varias peleas con palos. "Son auténticas batallas campales", señala Cordero. La macrorredada golpeó esta calle con la detención de varios supuestos camellos. Pero la venta no se ha detenido y un conflicto interno entre las dos bandas incrementa la sensación de inseguridad entre los vecinos.
Un grupo de Mossos y un agente de la Policía Nacional detienen a un presunto traficante el pasado 7 de octubre en el Raval / G.A
Los 1.000 policías que participaron en la operación Coliseo pasaron de largo de calles conocidas, tristemente, por la gran actividad de los camellos. Los vecinos de las calles dels Salvador, Príncep de Viana, Sant Climent, Cera y Sant Antoni Abada no tuvieron noticia alguna de la llegada de los agentes. La sorpresa en Príncep de Viana, que acoge desde hace años un edificio con varios puntos de venta y en el que ha habido homicidios y sobredosis, fue mayúscula.
'ESTAMOS INDEFENSOS'
En los alrededores de la plaza Folch i Torres el trajín entre los consumidores que se dirigen a los portales de Reina Amàlia es constante. Un mensaje de Whatsapp en su móvil les avisa de que es su turno. Entonces, se dirigen apresuradamente a comprar su dosis, según explican fuentes de Ravalnet. Algunos se inyectan la droga en la calle, en el primer rincón que ven, instantes después de adquirirla.
"Nos sentimos indefensos", lamenta Cordero, que critica la diferencia de trato de la Generalitat con los narcos y los vecinos que reokuparon un piso utilizado como punto de venta en el número 4 de la calle Vistalegre. La administración permitió durante cuatro años la actividad delictiva. Sin embargo, denuncian que cuando los vecinos okuparon la vivienda para evitar que lo hicieran los traficantes, el Govern ordenó el desalojo a los pocos meses. En el caso del 7bis de la calle dels Salvador, propiedad también de la administración catalana, la droga campó a sus anchas durante dos años.