Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una presunta organización criminal que obligaba a inmigrantes chinos a cultivar marihuana tras introducirlos de forma ilegal en España. Las víctimas vivían "retenidas y explotadas" en cuatro naves industriales con plantaciones de droga clandestinas, y algunas de ellas llevaban más de un año sin salir al exterior.
La investigación empezó a finales de 2019, cuando la policía tuvo conocimiento de que la organización, asentada en Barcelona, contactaba con personas chinas ofreciéndoles un puesto de trabajo en el país. Desde allí les trasladaban a zonas de la Europa del este por medio de visados fraudulentos para asistir a ferias profesionales, donde hacían constar a las víctimas como representantes de empresas.
EXPLOTACIÓN
Cuando llegaban a España, les retiraban la documentación y "las sometían a una situación de explotación", bajo el argumento de que debían trabajar para ellos para pagar el coste del viaje desde China. La deuda que les reclamaban oscilaba entre los 10.000 y los 30.000 euros: para pagarla, les obligaban a trabajar en naves industriales "en unas condiciones de servidumbre o semiesclavitud". Además, sus salarios eran "inexistentes".
La presunta red exportaba la droga por mensajería a otros países de Europa, sobre todo el Reino Unido, "donde la demanda es muy grande y el valor de venta triplica el del mercado español".
INVESTIGACIÓN
La investigación culminó el pasado 25 de mayo con 13 entradas y registros en las cuatro naves industriales en Centelles, Abrera, Santa Coloma de Cervelló y Sant Andreu de la Barca, en ocho domicilios de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, y en una casa y una gestoría de Santa Coloma de Cervelló.
En total, los agentes incautaron más de 5.500 plantas de marihuana, 60 kilos en cogollos y 42.600 euros en efectivo, además de pasaportes y documentación de terceras personas chinas que los investigadores presuntamente utilizaban para eludir a la policía.
OCHO DETENIDOS
Los agentes constataron que en los últimos meses la red envió 50 paquetes con 450 kilos de marihuana, y algunos de ellos fueron interceptados por cuerpos policiales españoles y del Reino Unido.
De los ocho detenidos, cuatro han ingresado en la cárcel, y se les investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, trata de seres humanos, falsedad documental y fraude del fluido eléctrico; la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.