Un agente de la Guardia Civil de espaldas y junto a un vehículo oficial del cuerpo / GUARDIA CIVIL

Un agente de la Guardia Civil de espaldas y junto a un vehículo oficial del cuerpo / GUARDIA CIVIL

Sucesos

Cae una red de inmigración ilegal que organizaba rutas desde Barcelona

La Guardia Civil detiene diez personas en una operación que continúa abierta

6 febrero, 2023 14:06

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La Guardia Civil ha detenido a diez personas en una operación que continúa abierta y que ha logrado desarticular un grupo criminal. La operación favorecía la inmigración irregular entre Argelia y Marruecos con España y organizaba rutas desde Alicante y Barcelona con destino a Ejea de los Caballeros, Zaragoza.

Según informa la Guardia Civil, la operación, denominada "Enjambre", se ha desarrollado en la provincia de Zaragoza y ha permitido desarticular esta red, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen magrebí. La operación actuaba de manera estable y también formaban parte ciudadanos de otras nacionalidades como apoyo a estas actividades ilícitas.

EMPADRONAMIENTOS EN EJEA

El inicio de la investigación se remonta a finales de 2021 cuando la Guardia Civil detectó un elevado número de empadronamientos en Ejea de personas que habían entrado en España de manera irregular. Los inmigrantes llegaban a España en pateras, por la zona sudeste de la península y por la Comunidad Valenciana, y después no residían ni desempeñaban ningún trabajo o tipo de arraigo en la localidad aragonesa.

Una vez en territorio nacional, estas personas contactaban con la organización, que los trasladaba hasta la localidad zaragozana. Allí eran alojados en pisos patera hasta el momento de ser empadronados con el fin de facilitarles el tránsito hasta Francia u otros lugares de España. Finalmente eran localizados posteriormente a través de vehículos de la propia red u medios de transporte públicos.

DETENIDOS

A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, además de estar implicados en delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, falsificación de documentos públicos y contra el derecho de los trabajadores.

Por estas gestiones los inmigrantes habían adquirido una deuda económica con la organización de entre 200 y 900 euros y si esa persona no disponía de dinero para pagar era obligada a vender drogas al menudeo para la organización o trabajar en labores agrícolas hasta poder saldar la deuda.

La organización, cuya actividad principal era el traslado de inmigración ilegal entre países, además de la droga, contaba con el apoyo de otros ciudadanos que aceptaban empadronar a inmigrantes en su domicilios a cambio de compensaciones económicas, falsificando para ello los documentos necesarios que se entregarían ante la oficina del padrón.