Los centros de menores de Barcelona no están preparados para abordar el confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus. Así lo denuncian los sindicatos UGT y CGT. Los equipamientos, dicen, no están adaptados para aislar a posibles positivos. Los educadores reclaman refuerzos en materia de seguridad para prevenir, en los próximos días y semanas, problemas de convivencia y amotinamientos, además de personal de cocina y de higiene.
En Barcelona, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) es el tutor de estos chicos que viven en 35 centros repartidos por la ciudad. Cada uno acoge a un número de jóvenes que oscila entre los 6 y los 57 chicos y chicas. Las fugas de menores en los centros se han producido siempre con relativa frecuencia. Estos días, con el estado de alarma, se siguen dando casos de huidas, que complican aún más la gestión de la situación de crisis sanitaria en estos equipamientos.
"No son salidas de 15 minutos. A veces hay que ir a buscar a los chicos a 60 kilómetros de distancia", explica Paco González, representante de UGT en los centros de la DGAIA de gestión pública en Cataluña. UGT pide que los educadores no tengan que hacer esta tarea, pues obliga a los centros, "la mayoría con todas las plazas ocupadas" a prescindir durante ese tiempo de un educador.
'SERÁ DIFÍCIL DE GESTIONAR'
"Catorce días sin salir serán difíciles de gestionar", observa. La Generalitat dio el viernes pasado directrices a educadores y profesionales para efectuar el confinamiento. Se ordena "aislamiento domiciliario" del menor con síntomas de Covid-19, evitar que coincidan grandes grupos en el mismo lugar y la limitación de visitas de los familiares, entre otras medidas. También da instrucciones para que se coloquen carteles informativos sobre la importancia de lavarse las manos con frecuencia y de mantener la distancia mínima de seguridad.
En una nota enviada a la DGAIA este martes, el sindicato avisa que se siguen produciendo nuevos ingresos de jóvenes en los centros, algunos de ellos, con síntomas equivalentes al coronavirus, a los que no se les hace ninguna prueba. Los centros, dice, no están preparados para aislar a un posible enfermo, ya que las habitaciones son grupales. "Las mascarillas no están llegando a todos los centros", señala González. Los trabajadores reclaman un "cribaje sanitario más exhaustivo" y que, tanto los nuevos ingresos como los chicos retornados, accedan al centro "con garantías" para no transmitir ninguna enfermedad, ya sea coronavirus o sarna.
'LO LLEVAMOS CON IMAGINACIÓN'
"Intentamos llevarlo con imaginación, pero tenemos dificultad para atender a posibles casos de coronavirus", explica una educadora social a Metrópoli Abierta que trabajó el fin de semana pasado, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y el confinamiento. Durante esos días, una niña tuvo fiebre y mucho dolor de cabeza, acudieron al centro de salud más cercano, pero no le hicieron la prueba. "Hemos hecho dos visitas y no sabemos si es positivo o no", explica resignada. De momento, los CAP solo hacen pruebas a personas vulnerables o con síntomas muy graves.
El centro donde trabaja, gestionado por la misma DGAIA, es pequeño, pero con todas las plazas ocupadas. Después de que dos menores regresaran a sus casas con un permiso domiciliario, ha quedado libre una habitación para aislar, si es necesario, a un niño enfermo del virus. Tras la suspensión de permisos domiciliarios y visitas de familiares de este lunes, muchos centros de menores se encuentran al límite de su ocupación. La DGAIA trabaja para facilitar las videoconferencias entre los niños y sus progenitores durante estas semanas de emergencia sanitaria.
VIDEOCONFERENCIAS CON LOS PADRES
El sindicato pide que la prohibición de regresar con sus padres no sea generalizada. Si algunos jóvenes se reúnen con sus familiares, el centro, dice González, contará con más espacio para atender a aquellos menores que no tienen ninguna casa donde ir. Es el caso de los jóvenes extranjeros sin referentes, el 38% de los 4.250 menores bajo la tutela de la administración en toda Cataluña. En Barcelona ciudad, el 24% de los 392 jóvenes pasarán esta pandemia alejados de sus familiares. El 80% de estos menores llegaron de Marruecos a España y la mayoría lo hicieron en patera o escondidos en los bajos de un camión.
Robert Morral, delegado de CGT, alerta de la afectación que tiene la suspensión de los permisos domiciliario en la salud de los menores. "Es una barbaridad. Se están tensionando más los centros en lugar de aligerar la presión. En mi centro hay un chico diabético, quedándose en el centro lo ponemos en peligro", exclama. Muchos chicos están "cabreados" con la DGAIA por no poder ir a sus casas con sus familiares a las que ya acuden durante todos los períodos de vacaciones como Navidad, verano y Semana Santa.
PELIGRO DE MOTINES Y AGRESIONES
Morral considera que las instrucciones de la DGAIA son muy genéricas e "imposibles" de aplicar en todos los centros por igual debido a su tipología y capacidad. Algunos chicos, víctimas de abusos en el pasado, tienen conductas "distorsionadas". "En caso de confinamiento se pueden agravar y crear agresiones o motines", alerta este educador, trabajador de un centro en Barcelona. La Generalitat, sigue, les ha negado refuerzos en cocina e higiene. "Es una vergüenza", se queja. En lugar de exigir unos horarios diferentes, Morral pide pactarlo con los trabajadores para no "quemar" las plantillas.
Hasta este miércoles su centro carecía de guantes, mascarillas y repartían un gel desinfectante entre 15 personas. "Es urgente que haya más profesionales. No creo que podamos mantenernos así más de un mes. Chicos que antes trabajaban o iban a la escuela, ahora están confinados durante 24 horas", insiste.
En un centro de Barcelona, una de sus educadoras cuenta que han adaptado la rutina e intentan hacer un horario de estudios por las mañanas dejando la tarde libre. Las clases regulares se han suspendido. En este equipamiento aún no ha llegado ninguna mascarilla. "Estamos todo el día lavándonos las manos. Tenemos miedo que los educadores empecemos a caer enfermos y no haya personas que puedan venir a trabajar", explica. Morral explica que en su centro conviven a diario unas 20 personas. "No sé qué pasará cuando empecemos a caer como moscas", avisa.
OBJETIVO: EVITAR DISTURBIOS
Los sindicatos también ponen el foco en los CREI, centros cerrados donde viven jóvenes que han cometido pequeños hurtos o agresiones. Son equipamientos "más susceptibles" para que aparezcan "conflictos de convivencia que no tardaremos demasiado en sufrir como disturbios", según UGT. Para evitar estos escenarios, piden "planes de seguridad" que garanticen la convivencia y la seguridad de los trabajadores y de los menores. Los centros de acogida, el primer lugar donde acuden muchos de los jóvenes extranjeros, están muy saturados, apunta Morral, y cuentan, ya de por sí, con pocos recursos.
El sindicato IAC-CATAC se ofrecía este jueves a ponerse a disposición de los Centros de Justicia Juvenil cuando sea necesario. Se trata de los centros donde viven menores de edad con delitos graves como delitos de sangre, agresiones sexuales o robos con violencia. "Los educadores y educadoras sociales están demostrando estos días lo esencial de su trabajo. Sin duda, sostienen un servicio que ya de por sí no es fácil, y a menudo poco reconocido", escribía el sindicato en las redes sociales.