Las tres denuncias de la sociedad civil que buscan parar la superilla de Colau

En varias direcciones y con el mismo propósito. Dos denuncias penales y una administrativa tratan de impedir que el Ayuntamiento de Barcelona inicie los trabajos de la llamada superilla o ejes verdes, al considerar que el conjunto de la ciudad se verá afectada y se pondrá en peligro el modelo surgido con el Plan Cerdà para todo el Eixample barcelonés. Las estrategias son diferentes y la última en añadirse ha sido la de los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, que firman la denuncia junto al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Antoni Acebillo.

La denuncia se ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al considerar que la reforma que se pretende vulnera la legislación de urbanismo. Y lo que se pide ya son medidas cautelarísimas para que se paralicen los trabajos, porque el Ayuntamiento tiene previsto comenzar las obras a primeros de agosto. El abogado Francesc Jufresa señala a Metrópoli que si el Fiscal no reclama al juez la aplicación de esas medidas a lo largo de este mes de julio, lo que comportaría la suspensión de las obras, él mismo llevará la causa al juzgado en esos primeros días de agosto.

LA VÍA MÁS EFECTIVA

¿Esa vía garantiza parar esa reforma urbanística de los comunes que la alcaldesa Ada Colau ha situado como uno de los emblemas de su mandato? Jufresa asegura que debe ser la vía, aunque también corre en paralelo las demandas ante el contencioso-administrativo que diversas entidades han presentado. La demanda principal es la de la Cámara de la Propiedad Urbana, que preside Joan Ràfols Esteve.

Otra entidad cívica, Salvem Barcelona, ha optado también por la vía penal. La han presentado el economista Francesc Granell y el abogado Jacint Soler Padró, que fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Granell considera que es la “vía más efectiva si de verdad se quiere parar el plan de Colau”.

En todo caso, los argumentos de las tres iniciativas son similares. En la denuncia de Jofresa, Grasas y Acebillo se señala que la transformación de las calles de Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona, que serán el centro de la operación urbanística, como ejes verdes, resulta un cambio radical que afectará a toda esa parte del Eixample, con un cambio de usos obligado para trabajadores, peatones, comerciantes o usuarios en general del entramado urbano. Y que todo ello significa “demoler” el plan Cerdà, que ha caracterizado la ciudad de Barcelona y que ha resultado ser un modelo para otras muchas ciudades de todo el mundo.

IMPACTO "NEGATIVO" EN TODA LA CIUDAD

En la demanda de la Cámara de la Propiedad Urbana se constata el principal problema, según todos los actores que rechazan la reforma urbanística de Colau, que se ha dado a conocer como superilla. “A pesar de su trascendencia y de su previsible impacto, los proyectos aprobados han sido tramitados como simples obras ordinarias de reurbanización, ignorando las implicaciones urbanísticas que, como defensa esta parte –la entidad que preside Joan Ràfols—obligaban a una modificación previa del planeamiento vigente. Además, en la tramitación de los proyectos se han ignorado aspectos procedimentales esenciales referidos a la información pública y al derecho de los ciudadanos para formular alegaciones o propuestas de cambio y mejora, tal y como se prevé en la normativa de aplicación”.

La demanda la firma el abogado Ramón García Bragado, que fue teniente de alcalde de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona y gerente, entre 1999 y 2004 de Urbanismo. Ese carácter técnico de la demanda es para Joan Ràfols “esencial”. Y justifica no llevar la cuestión por la vía penal, como sí han hecho Salvem Barcelona y los abogados Jofresa y Grasa junto al arquitecto Joan Antoni Acebillo. “Aquí no se trata de ganar políticamente o no, sino de ver que el impacto para toda la ciudad será muy negativo y que es necesaria una respuesta civil”, señala Ràfols a Metrópoli.

Las dos vías penales también inciden en esos argumentos sobre la importancia de la reforma urbanística, que exigiría, por su afectación general, una modificación del planeamiento vigente de Barcelona.

OBRAS EN LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DE AGOSTO

La misma demanda de la Cámara de la Propiedad Urbana añade que lo que resulta más grave y por ello exige “solicitar la suspensión cauterlar”, es que “simultáneamente a la exposición al público de los cuatro proyectos –la superilla— y sin respetar el plazo para la formulación de alegaciones, la empresa municipal Bimsa licitó en un único procedimiento de contratación dividido en diez lotes la ejecución de las obras, de tal manera que en el momento en que se procediera a la aprobación definitiva de los proyectos, se pudieran iniciar inmediatamente los trabajos de ejecución de las obras”.

Y se considera que “no es difícil pensar que el fraccionamiento de los cuatro proyectos ejecutivos aprobados en diez lotes para la ejecución de las obras tiene como único objetivo el de agilizar al máximo su ejecución, habiendo asignado un plazo máximo de 8,5 meses para cada uno de los lotes y limitado la posibilidad de que las empresas constructoras resulten adjudicatarias de un único lote”.

Pero si la vía judicial no prospera, el Ayuntamiento seguirá con los planes previstos. Y las restricciones de tráfico por las obras de la superilla del Eixample serán inmediatas. La reforma estricta comenzará durante la primera quincena de agosto, con la transformación de esas cuatro calles “pacificadas”. Consell de Cent, Comte de Borrell, Girona y Rocafort. Ello implicará que no se podrá circular en línea recta más de dos tramos seguidos en todas esas calles. Y la velocidad quedará limitada a 10 Km/h, con un único carril.