Úrsula Von der Leyen / EFE
La UE cambia las normas: las empresas españolas tendrán que dar un día de teletrabajo a la semana a sus trabajadores
El objetivo es reducir la movilidad diaria de los trabajadores, disminuir el consumo de combustible y aliviar la presión sobre el sistema energético
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La jornada laboral completamente presencial podría tener los días contados de forma temporal si se consolidan las medidas que está preparando la Unión Europea. Según las propuestas en estudio, Bruselas trabaja en un paquete de actuaciones para reducir el impacto de la crisis energética derivada de la tensión internacional y sus consecuencias en el suministro de energía en Europa.
Un hombre realizando teletrabajo desde casa / ARCHIVO
Estas medidas afectarían directamente a empresas y trabajadores, con especial atención a la reducción de desplazamientos y al ahorro energético, en un contexto en el que el encarecimiento del gas y el petróleo está presionando la economía del continente.
Teletrabajo obligatorio al menos un día a la semana
Entre las principales iniciativas que se están planteando destaca la posibilidad de obligar a empresas y organismos públicos a garantizar al menos un día de teletrabajo semanal, una medida que se aplicaría de forma general en los Estados miembros de la Unión Europea, incluida España.
El objetivo es reducir la movilidad diaria de los trabajadores, disminuir el consumo de combustible y aliviar la presión sobre el sistema energético. La propuesta se enmarca en un conjunto más amplio de actuaciones que buscan adaptar la actividad laboral a la situación actual.
Plan europeo y medidas de movilidad y energía
Este paquete será presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la próxima cumbre de líderes de los 27 Estados miembro, prevista en Chipre, según informaciones de RTVE y El País.
La Comisión Europea también estudia medidas complementarias como el impulso del transporte público más barato, e incluso la reducción de tarifas o gratuidad para determinados colectivos, con el objetivo de fomentar alternativas al vehículo privado.
Ahorro energético en edificios y transporte
Dentro del plan, se contempla también la reorganización del uso de espacios públicos, una de las opciones sobre la mesa es el cierre puntual de edificios administrativos en determinados horarios para reducir el consumo energético sin afectar a los servicios esenciales.
Archivo - Imagen de archivo de teletrabajo / EDUARDI PARRA - EUROPA PRESS
Además, se plantea reforzar el uso del transporte público y facilitar su acceso económico, con la intención de disminuir los desplazamientos individuales, y con ello el consumo de energía y combustibles fósiles.
Apoyo a hogares vulnerables y control del suministro
El plan europeo también incluye medidas dirigidas a los hogares más vulnerables, entre ellas se estudian ayudas directas, posibles rebajas fiscales en la factura eléctrica o incluso precios regulados de forma temporal para contener el impacto de la subida energética.
Otra de las propuestas es evitar la interrupción del suministro eléctrico en casos de impago y mejorar la información a los consumidores, para que puedan ajustar su consumo a las franjas horarias más económicas.
Impulso a energías limpias y decisiones nacionales
Las empresas también se verán afectadas por el nuevo escenario, sectores como la industria o la agricultura podrían recibir ayudas específicas si se flexibilizan las normas europeas, con compensaciones que podrían cubrir parte del sobrecoste energético.
Una persona teletrabaja en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
En paralelo, Bruselas insiste en que la solución estructural pasa por acelerar la transición hacia las energías renovables, con incentivos para la instalación de paneles solares, la mejora de la eficiencia energética en viviendas y la sustitución de sistemas basados en combustibles fósiles.
Aplicación en cada país miembro
La estrategia combina medidas de emergencia con reformas a largo plazo para reducir la dependencia energética de Europa, entre ellas el impulso del teletrabajo y el refuerzo del transporte público aparecen como piezas clave en la respuesta a la crisis.
A partir de ahora serán los Estados miembros, entre ellos España, los que deberán concretar cómo aplicar estas directrices y en qué medida convertirlas en obligaciones efectivas en los próximos meses.
