El curioso caso de Urbaser: amor con Barcelona, odio con Tarragona

La empresa Urbaser es una de las principales compañías que prestan servicios públicos en las grandes urbes catalanas y, especialmente, en Barcelona. En 2022, el último ejercicio auditado, Urbaser era la segunda empresa en el listado de principales proveedores por importe ejecutado, cuyo monto ascendía a más de 63 millones de euros en ese ejercicio. La primera compañía de la lista es FCC Medio Ambiente.

En la capital de Catalunya, Urbaser acaba de ganar un concurso millonario: más de 10 millones de euros para el mantenimiento de las áreas de juegos infantiles y las de calistenia de los distritos 1, 8, 9 y 10. Los otros 10 distritos fueron adjudicados a la unión temporal de empresas Espai Joc, aunque su coste es de algo más de 9,1 millones. Es uno más de los concursos que Urbaser ha logrado en el Ayuntamiento: hace poco más de un mes obtuvo otro contrato de casi medio millón de euros para realizar la limpieza en los recintos en los que se celebren fiestas populares en Barcelona.

Otras adjudicaciones obtenidas por esta compañía son, por ejemplo, el del servicio de recogida de los residuos municipales y limpieza correspondiente a la zona este de Barcelona y las playas por un importe de casi 542 millones de euros entre 2021 y 2029. También se hizo con el contrato del suministro de plantación de los árboles de Barcelona (éste en una UTE con otras cuatro empresas, por un monto de 322.000 euros) y con el del transporte y gestión de los residuos de madera de Mercabarna (282.000 euros), por poner sólo unos ejemplos.

Tarragona, la cruz 

Su relación con Barcelona es una relación de amor, sintonía y buen rollo. Pero no ocurre lo mismo con Tarragona. Las dos ciudades están en manos del PSC: Barcelona tiene como alcalde de Jaume Collboni y Tarragona, a Rubén Viñuales. Pero la relación de Urbaser con la metrópoli del sur es más ácida, bronca y hasta de odio. Lo que en la capital catalana son flores, en Tarragona se convierten en espinas. Ambas ciudades parecen suponer la cara y la cruz de la relación de Urbaser con las administraciones locales catalanas.

El desencuentro con los responsables municipales tarraconenses es un hecho que se materializó el pasado mes de abril en una denuncia ante el Tribunal Catalán de Contratos Públicos por una adjudicación del consistorio de aquella ciudad. El contrato en cuestión era la adjudicación del contrato mixto de servicios y obra para la prestación del servicio de transporte y recogida de residuos en Tarragona, lo que engloba la limpieza viaria, de las playas, terrenos y caminos municipales, así como la información ambiental.

Contrato de casi 200 millones 

Se trata de un contrato que asciende a más de 18,9 millones de euros anuales y que el consistorio adjudica por 10 años, lo que eleva el monto total a casi 190 millones de euros. Es un bocado lo suficientemente apetitoso como para batallar por él con todos los instrumentos legales. El contrato se adjudicó el 15 de marzo pasado y, tras pedir el acceso a las ofertas presentadas por los demás licitadores, Urbaser presentó un recurso especial ante los tribunales el pasado 4 de abril.

El fallo del tribunal relata que Urbaser alegó que la adjudicataria, GBI Paprec, incluía datos que no permitían los pliegos de condiciones e incumplía determinadas prescripciones técnicas obligatorias. Además, afirmaba que “la valoración de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, incurrió en varios errores materiales graves que, de corregirse, determinarían la adjudicación del contrato a su favor”.

Muchas deficiencias 

Una de las deficiencias alegadas, por ejemplo, era que las bases del concurso exigían que la brigada de control de vegetación espontánea exigía un mínimo de dos equipos independientes, pero la ganadora proponía un servicio “un 50% menor al ofrecer un equipo al día a jornada completa”. También obligaba a subrogar el personal del taller del parque de maquinaria municipal (que se encarga del mantenimiento preventivo de los vehículos del parque de maquinaria municipal), mientras que la ganadora proponía externalizar parte de ese servicio. Son sólo algunas de las deficiencias halladas: en lo referente a las puntuaciones recibidas por la ganadora, se hicieron constar puntos en apartados en los que no se podía puntuar.

Pedía, así, la anulación del contrato y que se disminuyese en 12 puntos la valoración obtenida por GBI. El tribunal detectó “varios defectos y omisiones” en el expediente de contratación. Además, admitió todos los argumentos de Urbaser y decidió anular el contrato “para que el órgano de contratación aplique aquello que estableció en los pliegos rectores de la licitación y, en consecuencia, excluya la propuesta de GBI que las incumplía, garantizando los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia”.

Un fondo de Tom Gores 

La compañía de servicios está presidida por Mary Ann Sigler, exsocia de Ernst & Young LLP y representante del fondo Platinum Equity, que ha invertido en empresas tan diversas como Grupo Ibérica de Congelados, Lifescan Spain o de construcción. Platinum es un fondo controlado por Tom Gores, dueño de los Detroit Pistons.

En realidad, Urbaser es propiedad a su vez de Luna IV Servicios Ambientales, también presidida por Mary Ann Sigler y, a su vez, propiedad de Luna Iii Sarl y de Latorre & Asociados Consultoría. En Urbaser, comparte consejo de administración con Fernando Abril-Martorell (vicepresidente) y a Miguel Liria Plañiol. El secretario no consejero es Ignacio Pallarés Capdevila. Abril-Martorell, uno de los nombres de peso de los sectores económicos españoles, había sido presidente de Aena, presidente de Ence Energía y Celulosa, consejero delegado de Prisa, consejero delegado de Indra Sistemas, consejero de Senes Grupo de Ingeniería, consejero de Ferrovial y directivo de Crédit Suisse España, Crédit Suisse AG y Crédit Suisse Bank Europe SA. Se trata, pues, de un consejo de administración de pesos pesados de la economía española. Sólo hace falta ver los números de Urbaser: en 2023, tuvo ingresos por más de 2.518 millones de euros y beneficios de 211 millones. Y más de la mitad de esos ingresos proviene de los servicios urbanos, mientas que el tratamiento de residuos y de aguas le reportaron algo menos de la mitad de sus ingresos.