El sector de los pisos turísticos en Barcelona ‘avala’ la regulación del Gobierno sobre el alquiler temporal

Sin subterfugios, con claridad. Es lo mejor para que todos los actores puedan actuar con seguridad jurídica. El Gobierno central prepara un decreto con carácter de “urgencia” para limitar la duración máxima de los alquileres temporales en función del motivo al que respondan. Y la primera respuesta del sector de los pisos turísticos en Barcelona es positiva. Se entiende que “va en la dirección correcta”, y que puede “ordenar” mejor todo el sector.

Si lo que se deseaba es que Barcelona no perdiera esa parte de la demanda, porque es una ciudad global con mucho atractivo, entonces una legislación que se adapte como un guante a ello “no se puede rechazar”. Las fuentes de Apartur, la patronal de los pisos turísticos y de abogados, que reclaman, precisamente, una mayor transparencia, como Alejandro Fuentes-Lojo, indican que puede ser una buena medida.

Pero, ¿en qué línea? La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dibujado cómo será ese decreto. Deberá acreditarse en el momento en el que se firme el contrato de arrendamiento por qué es un alquiler temporal. Es decir, se intentará evitar el fraude que se ha producido y es que, en muchos casos, son contratos residenciales que se camuflan con contratos temporales que se van renovando. “Ocurre con frecuencia. Se renuevan de forma automática con el beneplácito de las dos partes”, señalan fuentes del sector.

Jaume Collboni conversa con una vecina de Ciutat Vella delante del edificio del nuevo centro de viviendas temporales Europa Press

Al mismo tiempo que se reclama esa acreditación –si es para un estudiante, para un médico, para un profesional liberal contratado por unos meses, o por un paciente que necesita estar cerca de un hospital para recibir un determinado tratamiento durante meses—se creará una plataforma de ámbito estatal que recoja datos sobre este tipo de alquileres de corta duración, y también sobre pisos turísticos y alquiler de habitaciones.

Tretas para sortear la ley

La administración central ha intensificado su dedicación a esta cuestión al constatar que se trata de un problema que puede ir a más. En Barcelona ya se ha convocado una manifestación contra el turismo masivo en la ciudad, por parte de varias entidades. Será el 6 de julio. Y el mismo malestar se vive en otras ciudades como Málaga o Cádiz, o en las Islas Baleares o Canarias.

Los alquileres temporales son aquellos que oscilan entre los 31 días y el año. No pueden convertirse en pisos turísticos con pocos días. Sin embargo, existen vericuetos que podrían ser aprovechados. El sector tiene conocimiento de algunas posibles tretas, que el abogado Alejandro Fuente-Lojo rechaza, y que considera que no se darán. ¿Puede ocurrir que un propietario firme con un arrendatario un contrato de alquiler temporal, sabiendo los dos que será por unos pocos días? Es decir, ¿se podría cancelar ese contrato en tres días, con la excusa de que ha surgido un imprevisto? “Es un riesgo que no correrá un propietario o una entidad jurídica, y que tampoco parece que sea muy positivo para un inquilino. Los contratos de alquiler temporal son para ese plazo, de 31 días a un año, y eso está claro”, señala en el abogado.

Interior del piso alquilado por 25.000 euros en la Barceloneta

Los alquileres temporales, regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sirven para aquellos casos en los que el inquilino busca un lugar donde vivir por un tiempo limitado, y en Barcelona “esa oferta es muy necesaria”. El consultor Eduardo Navarrete insiste en que una ciudad como la capital catalana “debe poder ser competitiva”, y que para ello no se puede limitar esas viviendas de alquiler temporal.

Mejor que el decreto del Govern

Por ello, el sector ‘avala’ lo que pretende aprobar el Gobierno central. La ministra Rodríguez prepara un real decreto que acomode la normativa española a un reglamento que ha aprobado recientemente la Unión Europea sobre alquileres de corta duración, y que incluye arrendamientos temporales, pero también turísticos, por habitaciones y embarcaciones flotantes. La idea es que ese decreto se tramite “con absoluta rapidez”, para que esté firmado a finales del verano.

El sector estaba esperando esta regulación por parte del Gobierno central, después de criticar duramente el decreto que quiso sacar adelante el Govern de la Generalitat. El Ejecutivo de Pere Aragonès no lo pudo convalidar en el Parlament, ante los votos en contra del PSC y de JxCat. Lo que deseaba el Govern de Aragonès era incluir esos alquileres temporales en el mismo régimen que el decreto aprobado para limitar los precios de los alquileres residenciales en las zonas “tensionadas”, es decir, en Barcelona y en las principales ciudades catalanas. El sector se puso las manos a la cabeza, porque eso suponía muchos menos ingresos, y la posibilidad de que propietarios individuales y empresas retiraran del mercado sus inmuebles.

La nueva promoción de viviendas de alquiler social en el Poblenou Ayuntamiento de Barcelona

Otra cosa será la picaresca que se pueda establecer para “colar” pisos turísticos por “pisos de alquiler temporal”. No es lo mismo, afirman las fuentes jurídicas consultadas, ni debe serlo en ningún momento, un turista que quiere pasar un puente largo en Barcelona, dos, tres o cuatro días, que un “profesional que su empresa ha desplazado a Barcelona por un año y que necesita una vivienda”.

Para el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la medida recoge lo que se pedía, con una ciudad que recibe cada día una mayor presión en el ámbito inmobiliario. El alcalde señaló que "es un gran paso hacia un mercado más justo y que reforzará la lucha por una vivienda digna y asequible para todo el mundo". De hecho, ha sido Collboni el que ha agitado las aguas al anunciar que retirá las licencias de pisos turísticos en el horizonte de 2029. Pero la asignatura pendiente del Ayuntamiento es modificar la regulación del 30% de vivienda protegida en las distintas promociones inmobiliarias. Collboni la quiere cambiar, pero todavía no ha podido modificarla. Necesita que algún socio del consistorio la apoye.