Barcelona contrata a mediadores entre comunidades de vecinos y propietarios de pisos turísticos

Pocos días después de anunciar que erradicará todos los pisos turísticos antes de 2029, el Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una licitación para mediar, mientras tanto, entre las comunidades de vecinos y los propietarios de viviendas de uso turístico. 

El objetivo del pliego es preservar la convivencia y la seguridad en este tipo de inmuebles, pues las dinámicas cotidianas son diferentes en las viviendas tradicionales y en las turísticas, “lo que puede generar molestias”, especialmente en los espacios comunes.

Conflictos en las zonas públicas

Para tratar de evitar conflictos sobre el uso de ascensores, escaleras, espacios de acceso o entrada a la propia comunidad, el Ayuntamiento contratará a estos técnicos de prevención. También serán los encargados de velar por la seguridad, y que asuntos como los horarios de acceso a las fincas o el ruido de las viviendas turísticas no generen conflicto.

El contrato sólo estará vigente hasta finales de este 2024, sin opción a prórroga alguna, y en el aire está si en 2025 y los siguientes años se abrirá otro pliego semejante. Cabe recordar que, supuestamente, en noviembre de 2028 se suspenderán todas las licencias de uso turístico, para su total aniquilación en 2029.

Mediadores e inspectores

Además de mediadores, el Ayuntamiento también ha anunciado que reforzará la actividad inspectora y sancionadora para "combatir" los pisos turísticos ilegales. Desde 2016, cuando se pusieron en marcha los primeros servicios de inspección de pisos turísticos sin licencia, se han impuesto 10.500 sanciones y se han emitido 9.700 órdenes de cese de actividad.

Collboni ha señalado este jueves que, cuando empezaron estas inspecciones, había unos 6.000 pisos con actividad turística ilegal. Actualmente, se desactivan entre 300 y 400 anuncios mensuales de pisos que no tienen licencia. Con ello, el alcalde ha querido mandar un mensaje tranquilizador a los vecinos que temen que los pisos turísticos legales pasen a operar de forma ilegal.

Collboni, en guerra abierta contra Apartur

Con la noticia de que el consistorio no renovará las más de 10.000 licencias de pisos turísticos que existen, apoyándose en el Decreto Ley del Govern, se ha iniciado una guerra entre Collboni y Apartur.

La patronal de los pisos turísticos ha elevado el tono contra el Ayuntamiento, y asegura que Collboni empuja a la ciudad a la pobreza y el paro. Arguyen que los pisos turísticos no son los causantes de la poca oferta de vivienda, sino que esa es responsabilidad de las administraciones públicas. 

La Generalitat se enfrenta a demandas millonarias

Pese a que los apartamentos para turistas representan sólo el 0,77% del parque de viviendas de la ciudad, Apartur señala que “tiendas, restaurantes y museos” tendrán que cerrar tras el decreto, que “dará rienda suelta a los pisos ilegales”. Según datos facilitados por Federatur a El Economista, la actividad de alquiler de apartamentos riega Barcelona con más de 1.555 millones de euros cada año, entre ingresos directos e indirectos. Un boquete que la ciudad perderá en los próximos cinco años.

Ahora, propietarios e inversores preparan demandas millonarias contra la Generalitat de Catalunya, “por el lucro cesante” a todo el sector. Mientras, el Ayuntamiento de Barcelona se lavará las manos, pues sólo ha aplicado la letra pequeña aprobada por el Govern de Esquerra Republicana. En esta enfrenta, Apartur contará con Marian Muro, exdirectora de Turisme de Barcelona, como primera espada. La abogada ha vuelto a la primera línea del sector para liderar la lucha contra la medida de Collboni tras su polémica salida de Turisme.