El ejecutivo de Jaume Collboni ha dado un paso clave en materia de vivienda: regular los alquileres temporales. En el preacuerdo con los comunes --condición para aprobar los presupuestos--se compromete a modificar antes de fin de año el Plan General Metropolitano (PGM) con el fin de declarar toda la vivienda residencial de la ciudad como vivienda permanente.
La intención del gobierno municipal es clara: poner coto a una práctica que, según los comunes, ha disparado los precios del alquiler y ha contribuido a la escasez de vivienda en la ciudad. Con estas herramientas, esperan garantizar que las viviendas destinadas al alquiler cumplan su función social y no se destinen a usos temporales que favorecen a sectores con mayor capacidad adquisitiva, como turistas o ejecutivos, en detrimento de los barceloneses.
Menos oferta y pérdida de competitividad
Sin embargo, desde la Cambra de la Propietat Urbana, el anuncio ha encendido las alarmas. El alquiler temporal, sostiene el gerente Òscar Gorgues, es esencial para una ciudad con la dinámica demográfica de Barcelona, donde una parte significativa de la población está formada por residentes no permanentes, como estudiantes o ejecutivos que necesitan vivienda temporal por razones de trabajo. La restricción excesiva de este tipo de alquileres podría, en su opinión, limitar la capacidad de la ciudad para acoger a este tipo de perfiles, afectando no solo a la oferta de vivienda, sino también a la competitividad de la capital catalana.
El gerente de la Cambra teme que esta regulación, si no se matiza adecuadamente, podría provocar una escasez de opciones para estos perfiles que vienen a Barcelona por estancias temporales, lo que perjudicaría tanto a la economía local como a la reputación de la ciudad como un destino atractivo para vivir y trabajar. "Es como si nos quedáramos sin hoteles. Una persona que viene por unos meses prefiere un apartamento temporal antes que un hotel", compara Gorgues, quien añade que limitar este mercado podría tener "consecuencias dramáticas".
Gorgues manifiesta a Metrópoli su preocupación por lo que considera una intervención excesiva en el mercado. "Cualquier intento de controlar y regular el mercado acaba volviéndose en contra", advierte Gorgues, señalando que medidas similares en el pasado, como la normativa que exige el 30% de vivienda de uso social en nuevas promociones, han tenido efectos contraproducentes, reduciendo la oferta de alquiler y frenando la construcción de nuevos proyectos.
Apuesta por construir más vivienda
La raíz del problema, según Gorgues, no es tanto regular el mercado, sino construir más vivienda, un aspecto que considera clave para solucionar el problema. "Nos limitamos a mover las piezas que ya existen en el tablero sin añadir más vivienda al mercado. Regular el mercado sin aumentar la oferta solo empeora la situación", sostiene, añadiendo que el verdadero desafío es reactivar la construcción de nuevas viviendas en lugar de seguir legislando sobre las que ya existen.
El debate sobre la regulación de los alquileres temporales en Barcelona se enmarca en un contexto más amplio de crisis habitacional, donde la demanda supera con creces la oferta, y las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo generan efectos colaterales no deseados. Mientras el gobierno municipal avanza con su propuesta, las voces críticas, como la de la Cambra de la Propietat Urbana, piden cautela y un enfoque más equilibrado que tenga en cuenta la diversidad de situaciones que generan la demanda de alquiler temporal.
Trampas para esquivar los controles
En Barcelona, el mercado de alquiler se ha estancado, ya que los pocos pisos que podrían entrar en circulación se destinan mayoritariamente al alquiler temporal, una estrategia para esquivar los controles de precios impuestos por la Generalitat en las zonas tensionadas. Mientras tanto, los inquilinos que ya tienen contratos se aferran a sus viviendas, evitando buscar otras opciones debido a la creciente volatilidad y el alza constante de los precios. Para Gorgues, si bien reconoce que hay quien hace trampas, esto sucede por la "inseguridad jurídica" de los propietarios. "Aquellos propietarios con alquileres bajos, de años anteriores, se marchan del mercado del alquiler porque el riesgo es mayor, ya que los interesados son gente con menos recursos. Ante esta situación, hay dos posibles salidas: poner la vivienda en venta o ponerlo en el mercado de alquiler temporal", explica Gorgues a este medio.
En los portales inmobiliarios de Barcelona se ofertan algo más de 9.000 pisos de alquiler, pero en el centro de la ciudad más del 50% de estos se anuncian como alquileres temporales. Desde el sector inmobiliario, se critica la desconexión entre la realidad del mercado y lo que los responsables políticos "imaginan" que ocurre.
La regulación todavía es prematura y a medida que se concreten los detalles del plan urbanístico especial, se espera que el debate siga intensificándose. La clave para el sector será encontrar un equilibrio que permita proteger el derecho a la vivienda de los residentes permanentes sin perjudicar la flexibilidad y movilidad que también son esenciales para la vitalidad económica y social de Barcelona.