El mercado de Sant Antoni, lleno de visitantes, no se quiere convertir en una nueva Boqueria / HUGO FERNÁNDEZ

El mercado de Sant Antoni, lleno de visitantes, no se quiere convertir en una nueva Boqueria / HUGO FERNÁNDEZ

Eixample

Sant Antoni no quiere ser la Boqueria

Los comerciantes defienden la oferta tradicional y rechazan ser un nuevo mercado turístico

23 mayo, 2018 22:04

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Tras nueve años de obras, el mercado de Sant Antoni ha reabierto este miércoles. La reforma, que ha costado 80 millones de euros, ha convertido el edificio de Antoni Rovira i Trias en un icono artístico y arquitectónico, "una obra de arte", según la alcaldesa Ada Colau. La remodelación debe servir para aumentar las ventas y convertir el mercado un polo económico y comercial. Lo que los comerciantes no quieren es que el mercado se convierta en una nueva Boqueria, un mercado tomado por los turistas y con una amplia oferta enfocada a ellos.

"No lo debemos permitir", comenta Noemí, una comerciante de Sant Antoni. "Que no sea un mercado turístico también dependerá de nosotros, de cómo orientemos las paradas", añade Elisabet, otra vendedora, en clara referencia a evitar productos como zumos o vasos con trozos de fruta cortada y pelada. Queremos que Sant Antoni continue siendo un equipamiento de barrio y de ciudad", precisa Pilar, al frente de una pollería de Sant Antoni. Los comerciantes entrevistados defienden mantener una oferta "tradicional" y abogan por recuperar a clientes más jóvenes.

NO "DESPERSONALIZAR"

Este miércoles, el mercado lo han tomado los barceloneses, curiosos por ver cómo había quedado la reforma. Y eran muy pocos los turistas que se veían paseando entre las paradas ataviados con sombreros de paja y armados con caras máquinas fotográficas. El primer teniende de alcalde, Gerardo Pisarello, dice que se quiere preservar el mercado como un equipamiento de ciudad y evitar que "despersonalice" el barrio.

Sin embargo, la transformación que ha experimentado Sant Antoni los úlimos años no invita al optimismo. Cuando se inició la reforma del mercado, en 2009, el barrio no estaba de moda. Nueve años después, se ha convertido en uno de los epicentros de ocio de Barcelona. Según datos municipales, en Sant Antoni hay 589 locales de pública concurrencia, de los que 445 son de restauración. Numerosos locales han cerrado y han reabierto convertidos en bares o restaurantes, en calles como Parlament, Comte de Borrell y Calàbria.

Distintos clientes compran en una parada de pescado de Sant Antoni / HUGO FERNÁNDEZ

Distintos clientes compran en una parada de pescado de Sant Antoni / HUGO FERNÁNDEZ



Los alquileres en la zona se han disparado. Decenas de residentes han tenido que dejar sus casas ante la imposibilidad de pagar los aumentos y ahora en el barrio se han instalado vecinos con un mayor poder aquisitivo, muchos de ellos extranjeros. Según Xavier Caballe, de la plataforma Fem Sant Antoni, un alquiler medio de un piso de 60 metros es de 900 euros, lo que sitúa muchos precios entre los 1.100 y 1.200 personas. "Muchas personas no los pueden pagar y se tienen que ir". Según Caballé, 3.500 vecinos están amenazados en Sant Antoni por la especulación

MENOS NEGOCIOS TURÍSTICOS

El Ayuntamiento insiste que se han tomado medidas para intentar evitar que todo el barrio se convierta en un polo turístico. Pisarello, recordaba este miércoles que se ha prohibido abrir más negocios vinculados a la actividad turística en buena parte del barrio. Sobre el terreno, esto se traduce en que no se permiten nuevos bares o restaurantes, tiendas con degustación, autoservicios, bodegas, locales musicales y negocios de alquiler de bicicletas. Muchos vecinos aplauden la medida, pero consideran que llega tarde y que se hubiera tenido que poner en marcha mucho antes.

Los altos alquileres no es algo exclusivo de Sant Antoni. Los precios se han disparado en casi toda la ciudad. El gobierno municipal ha vuelto a insistir en la necesidad de regular por ley los precios de los alquileres y de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que, entre otros aspectos, se pueda ampliar la duración de los contratos, situados ahora en tres años.