¿Qué impacto tendrán los casos de corrupción el 21-D?

Un 64% de los catalanes se muestra en desacuerdo con la independencia confusamente declarada el pasado 27 de octubre. Casi el mismo porcentaje está en contra de la intervención que el gobierno central ha incurrido a la Generalitat de Catalunya.

A pocos días de las elecciones autonómicas, los partidos se frotan las manos haciendo campaña para captar el mayor número de votantes. Lo hacen legitimando sus acciones, las buenas y las malas con unos discursos diseñados para acusar a sus contrincantes y colgándose medallas que consideran merecer.

Narrativas culpatorias al procés y prédicas al soberanismo de la unidad del Estado. O visto de otro modo: la liberación del procés y el silenciamiento de acciones enviciadas por el fenómeno de la corrupción que, sin embargo, según el politólogo y profesor de política en la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez, no tendrán apenas ningún impacto electoral en las próximas elecciones catalanas. En esta ocasión electoral, prevalece el tema del procés por encima de la corrupción y de todos los intereses y desafecciones que pudiera tener el electorado en comparación a otras elecciones libres de esta incertidumbre política que caracteriza a Catalunya en los últimos meses.

En 2016, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) recibió 174 denuncias por acciones fraudulentas. El 71% de las cuales correspondían a 123 actividades gestionadas por ayuntamientos catalanes, 23 a la Generalitat, diez a entidades o empresas privadas, nueve a otras administraciones, cinco a las diputaciones, dos a las universidades, uno correspondía a un caso de consejo comarcal y otro a una fundación.

La Oficina Antifrau de Catalunya, que tenía que ser uno de los organismos regeneradores de la democracia catalana tardó hasta cinco años en brotar de forma consensuada hasta que nació en 2008. Después, sufrió la inesperada muerte de su primer director, David Martínez Madero, y terminó con buena parte de los 23 años del gobierno de Convergència de Jordi Pujol. Una entidad que nacía dependiente del Govern de la Generalitat y que por aquel entonces, se batalló para que respirase bajo el paraguas del Ayuntamiento de Barcelona.

En cualquier caso, se presentaba como un cortocircuito a la oleada de casos fraudulentos generados por la administración pública en general, en un contexto social cuya preocupación máxima era la crisis económica. Que se vivió como un desajuste económico ligado al atrincheramiento de las élites de negocios emparentados con la política, a nivel local y en grandes proporciones.

A tanta variabilidad económica y tanto destape de tramas corruptas, el bando político catalanista ha optado en estas elecciones por mantenerse neutro. O sea, el ‘catalanismo transversal de Iceta para el 21-D’ es un progresismo socialista no secesionista que se posiciona en contra del ‘sí’ al independentismo más voraz que se ha visto nunca antes en Catalunya. Las 174 denuncias por corrupción con las que ha trabajado la OAC, el desmantelamiento de casos de corrupción como el Arena, Adigsa, 3%, ACM, CAM, CCM, los ERE, Denokinn, Filesa, Innova, etc. durante los últimos años han quedado en el olvido para los electores que están dispuestos a votar el 21-D.

La intención de voto para los comicios del día 21 de diciembre, según el sondeo del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), indica que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sería la fuerza más votada, con un 21,3% del censo electoral; seguido de JxCat, con casi la mitad del porcentaje de ERC. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) podría robar algunos votos a Cs, que pierde dos puntos porcentuales, en comparación con las elecciones de 2015. Sin embargo, ambos partidos cazarían casi exactamente los mismos votos, ya que un 11,7% votarían a PSC y un 11,8% a Cs. Por contra, el Partido Popular (PP) es el grupo que presenta la mayor caída de apuestas, perdiendo tres de los seis puntos que cosechó entre los ciudadanos de Catalunya.

Con estos datos, la intención de voto previa del electorado está reñida. El reparto de votos queda claramente fragmentado. No hay mayorías absolutas, salvo la tasa de fidelidad de los votantes que estiman tres banderas en un mismo corazón (Cs), seguidos por la fidelidad de quienes se abrigan de amarillo esta temporada (JxCat y ERC). El grueso de votos que perdería el PP irían al grupo de Cs, lo que supondría una probabilidad de votos nuevos para la formación naranja de un 27,8%.

La fuga electoral del PSC, quien según la encuesta del ICPS cuenta con una tasa electoral del 63,2%, se arrimaría al programa anaranjado, que sumaría un 13,3% de voluntades ex socialistas. La extensión del gobierno del ayuntamiento barcelonés, Catalunya en Comú Podem (CenCP), presenta una tasa de fidelidad del 61% , al tiempo que sus antiguos votantes podrían tomar caminos diferentes hacia PSC, ERC e indecisos, con una intención de voto muy igualada de alrededor del 10% en cada nuevo grupo.

Ante el juego de votos, las elecciones del 21-D prometen una participación presumiblemente alta en relación a las anteriores elecciones, ya que hasta un 84,6% del electorado confirma que irá a votar.

LOS VOTANTES OLVIDAN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Los casos de corrupción van saliendo a la luz pero el conocimiento en profundidad de los mismos dista mucho de su percepción. “No hay ningún impacto directo entre la amplitud de la cobertura mediática y lo devastadores que puedan ser los efectos electorales. La acción de votar apenas requiere un esfuerzo psicológico”, asegura el catedrático Jiménez.

No todo comportamiento irregular causa el mismo nivel de descontento, rechazo o enfado. Sin embargo, es imposible determinar a priori qué conductas generan más rechazo, dado que es algo que depende de factores culturales, que además cambian dependiendo del contexto. Así describen Jiménez y Caínzos la reacción del electorado en ‘La repercusión electoral de los escándalos políticos. Alcance y condiciones’. Con esta explicación, Catalunya ha demostrado de sobra en las últimas semanas que tiene motivos emocionales nacionalistas repartidos entre todo el electorado, según su ideología y sus experiencias personales.

En las elecciones del 21-D, los catalanes no dan prioridad a la corrupción en su jerarquía de los problemas públicos. A diferencia del caso de las elecciones españolas de 1996, cuando la mayoría de los comentaristas políticos esperaban un castigo más duro de los votantes contra el PSOE, debido a que los escándalos de corrupción habían monopolizado el debate público durante la primera mitad de los años noventa.

LOS VOTANTES PONEN NOTA A LOS POLÍTICOS

En cuanto a la valoración de los candidatos, cabe destacar la preferencia de los votantes en potencia de JxCat hacia el aspirante socialista español Pedro Sánchez a quien valoran mejor que a su contrincante socialista catalán Miquel Iceta. Los seguidores de JxCat prefieren a un candidato español que a un rival catalanista no independentista.

Los votantes del PP son los que peor valoran a su candidato catalán con un 5,9. De entre las candidatas femeninas, Anna Gabriel es la mejor valorada por sus votantes con un 7,8 aunque no sea candidata a la Generalitat; seguida por Inés Arrimadas, que se gana el beneplácito de sus seguidores de Cs con un 7,7. La otra mujer politica catalana destacada, Ada Colau, es la líder peor valorada por sus seguidores con un 7,1.

Por lo que respecta al Estado español, solo un 40,3% de los encuestados cree que Catalunya debería ser un estado independiente. Del resto del electorado, un 28,8% aboga por que en el futuro Catalunya se mantuviese como una comunidad autónoma, seguido por un 21% que preferiría vivir en una España federal y tan sólo un 3,9% vería Catalunya como una región de España sin estructura definida.

Finalmente, el día 21-D, cada persona que vote deberá tener en cuenta la expectativa de una victoria de su opción menos preferida. La suerte electoral de un político debilitado por un escándalo depende de la aparición de un sólido contrincante (experimentado y bien financiado) que pueda capitalizar esa debilidad. Si ésto no ocurre, es bastante improbable que un escándalo llegue a tener una repercusión en el resultado electoral.

A una semana vista de las elecciones, no se ha denunciado ningún caso de corrupción que desmorone la campaña electoral de los candidatos o de los grupos que compiten por el mayor número de escaños. Ni siquiera cuando algunos ciudadanos han percibido que ciertos políticos han vulnerado el espíritu constitucional o “cuyo empoderamiento le haga creerse que está por encima de la legalidad”, sugiere Joan Antoni Llinares, director de la Agencia Antifraude de Valencia, ex director del Palau de la Música en 2009, después de la destitución de Félix Millet, contratado para ordenar la trama de corrupción que embadurnó la institución.