Las ofensivas judiciales contra el Ayuntamiento de Barcelona no cesan. Metrópoli ha informado en exclusiva este miércoles que el nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), conocido popularmente como el plan antihoteles del gobierno de Ada Colau, ha suscitado ya una decena de recursos judiciales. Para el concejal del PP, Óscar Ramírez, los contencios administrativos interpuestos "son un ejemplo de la turismofobia de Colau".

Entre los actores que se han dirigido a la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) figuran el Gremi d'Hotels de Barcelona, GestoHotel SCP, la Associació d'Amics del Passeig de Gràcia, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR), Josel SLU (que no es otro que Núñez y Navarro), Hosmopa SL, ATIR H. Paral·lel, Iberus Enterprise SL, Manuel Urquijo Gómez y Sociedad Limitada de Importación y Exportación de Textiles (SLIET).

Carteles contra los pisos turísticos / HUGO FERNÁNDEZ

EL GREMI D'HOTELS YA LO ANUNCIÓ

A finales de marzo, el Gremi d'Hotels ya informó de que había interpuesto un contencioso-administrativo contra el nuevo PEUAT, aprobado por el pleno municipal el pasado 23 de diciembre. En un comunicado, la patronal hotelera, que preside Jordi Clos, discrepa de que el plan municipal siga limitando la construcción de nuevos hoteles en Barcelona, ya que "puede condicionar gravemente el desarrollo cualitativo de la destinación", y afirma que se debe poder continuar desarrollando proyectos hoteleros que aporten valor, como propuestas singulares que recuperen edificios con un valor histórico o arquitectónico.

En opinión del edil popular, "Colau está instalada en los tribunales por no escuchar a los barceloneses y a los diferentes sectores económicos que deberían ser básicos para reactivar la economía en la ciudad". Y añade que los recursos contra el PEUAT son un ejemplo de la turismofobia de Colau y el único camino que queda a hoteleros y propietarios de pisos turísticos para defender sus derechos. Según Ramírez, el "intervencionismo" de Colau va contra la recuperación económica y la creación de empleo. "El PEUAT, con una limitación de licencias, es contrario al modelo que defendemos desde el PP de un turismo de calidad, familiar e internacional, que puede ser básico para reactivar la economía y el sector turístico, fuertemente castigado durante dos años por el coronavirus".

Retrato de Eva Parera en las instalaciones de Metrópoli / LUIS MIGUEL AÑÓN (MA)

LA POLÍTICA MUNICIPAL, EN MANOS DE LOS JUECES

Desde las filas de Valents, Eva Parera ha subrayado que "el PEUAT fue declarado nulo por el TSJC" y lo que está haciendo ahora el Ayuntamiento es reinstaurarlo por la puerta de atrás. Imponen su voluntad sin diálogo, sin respeto a las normas y sin análisis rigurosos de las necesidades de la ciudad. La consecuencia es que prácticamente toda la política municipal acaba en manos de los jueces".

El PEUAT se puso en marcha en 2017, durante el primer mandato de Colau, para limitar la apertura de nuevos hoteles y pisos turísticos, entre otros alojamientos para visitantes, en las zonas más saturadas de la ciudad. El plan fue tumbado por la justicia. Hace un año, el alto tribunal no admitió a trámite el recurso de casación municipal. Semanas antes, el Tribunal Supremo había hecho lo propio. El dictamen contrario del TSJC es de julio de 2019. Según explicó entonces la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, el fallo judicial no impide al Ayuntamiento redactar un plan de alojamientos turísticos. 

APROBACIÓN EN EL ÚLTIMO PLENO DE 2021

La revisión del PEUAT recibió luz verde en el último pleno de 2021 con los votos a favor del gobierno municipal, Barcelona en Comú y PSC, y ERC, mientras que el resto de fuerzas de la oposición -JuntsxCatCiutadansValents (entonces Barcelona pel Canvi), PP y la regidora no adscrita Marilén Barceló- votaron en contra. El Ayuntamiento dijo el 23 de diciembre en un comunicado que el nuevo plan se ha adaptado al marco normativo, a los pronunciamientos de la justicia y a los contextos actuales. Y quiere seguir "siendo una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la vivienda, la vida cotidiana y el turismo sostenible", indica la nota de prensa municipal [ver aquí].

La actualización del texto municipal prevé una zona de decrecimiento en el centro de la ciudad (Ciutat Vella y buena parte del Eixample, entre otros puntos) en la que no se admite ningún nuevo tipo de alojamiento ni la ampliación de plazas en los existentes, es decir que si cierra un hotel no puede abrir otro en su lugar. También veta el alquiler de habitaciones turísticas por periodos inferiores a 31 días y prohíbe que si un piso turístico cierra en la llamada zona 2 (por ejemplo, la Sagrada Família) pueda abrir otro en su lugar. Sí se puede hacer en la zona 3, menos saturada y más alejada de los barrios del centro.

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