Varapalo al gobierno de Ada Colau por las restricciones impuestas a las macrococinas industriales y a los super fantasma. La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) "considera que el Plan especial de usos de actividades vinculadas al reparto a domicilio del Ayuntamiento de Barcelona comporta restricciones muy graves e injustificadas a la competencia y a la actividad económica".
A juicio de Competència, el plan municipal "carece de un estudio económico previo que justifique las restricciones establecidas y el trato diferenciado entre competidores", y adolece de "falta de proporcionalidad, necesidad y eficacia". Así, el organismo catalán "insta a reformular" la regulación planteada por el gobierno municipal "partiendo de un estudio que valore y pondere los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales de las restricciones que se quieren imponer, con el objetivo de conseguir una regulación justificada, proporcional, transparente, eficaz y eficiente".
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS VETADOS Y UN INCREMENTO DE PRECIOS
Las restricciones a la competencia generadas por la propia norma son "la prohibición de nuevos establecimientos dedicados exclusivamente al reparto de productos a domicilio, la incertidumbre regulatoria en la categorización de los almacenes, la discriminación entre competidores en el reparto de comida a domicilio, y la introducción de barreras de entrada, de incentivos a la concentración del mercado y de rentas regulatorias respecto de las cocinas industriales", subraya la ACCO, que si bien es un organismo de la Generalitat tiene carácter independiente.
Un 'rider' de Glovo pedalea con la mochila amarilla de la plataforma de reparto / EUROPA PRESS
En este sentido, opina que las "restricciones disminuyen significativamente la presión competitiva del mercado de reparto a domicilio, hecho que puede comportar un incremento de precios o una disminución de la cantidad, variedad y calidad de la oferta, en detrimento de los consumidores finales". También denuncia que el nuevo marco regulador "aparta a las cocinas dedicadas exclusivamente al delivery a las zonas industriales de la ciudad".
INCENTIVA EL REPARTO CON VEHÍCULOS MÁS CONTAMINANTES
La ACCO va más allá en sus críticas a la normativa y dice que "incluye medidas desvinculadas de los propios objetivos del plan". Fundamentalmente, pretende hacer frente a las molestias ambientales (humos, olores y ruido) y el impacto en el espacio público generados por las actividades de reparto a domicilio, pero "no incluye ninguna medida concreta dirigida directamente a la mejora de la calidad ambiental y acaba incentivando el reparto mediante vehículos más contaminantes, ruidosos y voluminosos, ya que sólo impone restricciones en los establecimientos que reparten mediante bicicletas y vehículos de movilidad personal, como por ejemplo, patinetes eléctricos".
Admite la oportunidad de "regular las externalidades negativas que genere el reparto a domicilio, visto el gran incremento que ha experimentado esta actividad en los últimos años y el impacto que ello puede tener desde un punto de vista económico, ambiental, social y urbano". Pero, en paralelo, valora que en el ejercicio de esa potestad reguladora, "las administraciones deben observar los principios de buena regulación, como son la proporcionalidad, la necesidad y la eficacia, y así establecer una normativa eficiente y favorecedora de la competencia".