El pasado 10 de junio, en un acto para su militancia, la cúpula de Barcelona en Comú realizaba un examen de conciencia tras las elecciones municipales en las que habían perdido la alcaldía. “Barcelona es una ciudad de izquierdas, siempre lo ha sido. Los resultados de las elecciones del 8 de mayo demuestran que la ciudadanía quiere un gobierno progresista que siga avanzando y no retroceda en las políticas que hemos impulsado estos 8 años”, arengaba a los presentes Janet Sanz, aún teniente de alcalde del área de Ecología del consistorio. Sabía lo que decía: los comunes estaban atando todos los cabos para que sus estrategias municipales pudiesen perdurar en el tiempo lo máximo posible.
Precisamente, un día antes, la gerencia del área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Ayuntamiento, que dependían de la propia Janet Sanz otorgaba un contrato para “el servicio de asistencia y apoyo jurídico en el ámbito ambiental y administrativo 2022-2023”. El encargo fue a parar a la empresa Sinergia, Energia Dret i Medi Ambient, por un importe de 42.955 euros. Este extraño contrato en las postrimerías de la legislatura levanta un desagradable tufo. Para empezar, Sinergia es una compañía de la que eran socios Joan Herrera y Joan Ignasi Elena. Su nombre ya apareció hace algo más de un año como una de las empresas a las que se habían otorgado contratos sobre informes para una hipotética candidatura de Barcelona como sede de los JJOO de Invierno de 2030, lo que levantó un cierto revuelo político.
EL EXJEFE POLÍTICO
Para empezar, Joan Herrera había sido el líder de ICV, el partido del cual Janet Sanz proviene. En otras palabras, había sido su jefe político. Tras la moción de censura a Mariano Rajoy y la formación de un gobierno entre el PSOE y Podemos, Herrera fue nombrado director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), cargo al que renunció por motivos personales al año siguiente. Posteriormente, fue fichado como director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento de El Prat, un consistorio que siempre estuvo en manos de la izquierda representada primero por el PSUC, luego por ICV y ahora por los comunes. Joan Ignasi Elena, por su parte, es un exsocialista que fue alcalde de Vilanova i la Geltrú, que luego se pasó a las filas de ERC y ahora ocupa el cargo de conseller de Interior.
Los dos dirigentes políticos, pese a que montaron el despacho, dejaron de trabajar oficialmente en él por sus incursiones como responsables en sus respectivos cargos en la Administración y para no caer en incompatibilidades. Herrera, por ejemplo, ya dejó hace un lustro de trabajar en el despacho físicamente. Elena continuó unos años más, pero dejó la actividad directa en el mismo debido a su nombramiento como conseller en el año 2021. A partir de ahí, el bufete quedó en manos de Judit Ligüerre, que es la presidenta de la sección de Dercho Ambiental del Colegio de Abogados. En una webinar de 2021 organizada por Ligüerre sobre ‘La Agenda 20203. Objetivos de desarrollo sostenible: La acción por el cambio climático y los profesionales del derecho’, uno de los cuatro ponentes era precisamente Joan Herrera.
El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena / EP
LOS PUNTOS REGALADOS
El contrato otorgado por Sanz ahora es, según dice el texto del propio contrato, para el “apoyo jurídico y la asistencia extrajudicial en el ámbito del derecho medioambiental y administrativo en asuntos municipales competencia del departamento de Evaluación y Gestión Ambiental de la gerencia adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos”. En las cláusulas técnicas, detalla que el asesoramiento y apoyo jurídico se centrará “en aspectos derivados de la contaminación acústica, del aire, de la gestión del amianto y olores. Pero si surge la necesidad, podría pedirse en otros vectores ambientales de competencia del Ayuntamiento”. Su labor es la asistencia presencial, telefónica o telemática en consultas, análisis de las implicaciones jurídicas que se planteen o incidencias, emisión de dictámenes, informes o notas jurídicas y revisión de documentación sobre reglamentos y normativa.
Janet Sanz en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
A la convocatoria, acudieron tres empresas. Lo curioso del caso es que uno de los apartados, el que otorgaba un mayor volumen de puntuación, era el apartado de experiencia en el tema. Ahí Sinergia obtuvo 54 puntos sobre 100, mientras que sus oponentes tuvieron que conformarse con un cero absoluto. Con esa ventaja inicial, no le fue difícil barrer a sus oponentes y llevarse la adjudicación, pese a ser la oferta más cara de las presentadas. La lectura que se desprende de estas circunstancias es que las otras concurrentes en la licitación dan la sensación de ser empresas comparsas llamadas a concurrir sencillamente para cubrir el expediente.
Pero no es la única circunstancia extraña: el enunciado del contrato hace referencia a la asesoría durante los años 2022 y 2023. Y, curiosamente, la adjudicación se hace a mediados de 2023, cuando teóricamente ya han transcurrido las tres cuartas partes del periodo en que tendría que haberse materializado el trabajo. Es más: la firma del secretario general del Ayuntamiento lleva fecha de 9 de junio de 2023, aunque los pliegos del contrato comenzaron a confeccionarse en el mes de noviembre del año pasado. Cierto es que el gasto correspondiente a 2022 es de sólo 4.840 euros, mientras que el presupuesto de 2023 es de 38.115 euros, según consta en las cláusulas administrativas del contrato.