La Casa Orsola de Barcelona antes del desalojo
Barcelona pagará casi 6 millones para custodiar enseres de los desahucios
El consistorio intenta paliar el impacto de los desalojos en una época con precios disparados, inflación galopante y gentrificación turística
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El Ayuntamiento de Barcelona no tiene fuerza legal para evitar los desahucios. Puede retrasarlos, buscar alternativas habitaciones o paliar las necesidades de familias desalojadas. Y poco más.
Las ayudas a los perjudicados pueden ser varias. Una de ellas es la custodia de los enseres particulares de los afectados, porque muchas familias ven agravada si situación padeciendo una doble pérdida: la de la vivienda y la de sus pertenencias.
Centenares de ejecuciones mensuales
“Barcelona continúa registrando un volumen elevado y sostenido de desalojos y pérdidas repentinas de vivienda, con centenares de ejecuciones judiciales mensuales que afectan de manera directa a la vida cotidiana de muchas personas y familias”, recoge un informe interno del consistorio.
Los Mossos d'Esquadra durante el desalojo de una vivienda
Estas situaciones provocan “un impacto social profundo, especialmente en familias con niños, mujeres solas y personas mayores, que a menudo no disponen de recursos económicos ni de redes de apoyo familiar o comunitario que les permitan afrontar adecuadamente el proceso de pérdida de vivienda ni la gestión de sus bienes personales”.
La cruda realidad
En el consistorio también se hace una cruda radiografía de la actualidad: “La acusada situación de exclusión residencial y de emergencia habitacional que vive la ciudad de Barcelona, agravada por el incremento de la inflación, las dinámicas de crecimiento de precios del mercado inmobiliario, la gentrificación turística o la precariedad laboral, el paro y la insuficiencia de ingresos para asumir los gastos de una vivienda, han provocado que muchas personas hayan perdido o se encuentren en riesgo inminente de perder su domicilio”.
Por ello, los responsables municipales consideran absolutamente necesario un servicio que también ayude en la guardia y custodia de los enseres personales de las personas que han sido desahuciadas, una vez que no se pudo evitar la medida judicial.
Los beneficiarios
El servicio va exclusivamente dirigido a personas afectadas por desahucios judiciales, pérdidas repentinas de vivienda “o situaciones de urgencia derivadas de exclusión residencial vinculada a violencia machista, problemática de salud o necesidades específicas de personas mayores”.
Efectivos de Mossos durante un desahucio
No es un servicio menor: según el consistorio, en la actualidad hay una media de 1.247 unidades familiares con pertenencias depositadas en el servicio de custodia, con un volumen anual de 3.500 intervenciones entre recogidas, traslados y entregas.
El servicio de custodia de enseres se puso en marcha a mediados de 2022. Desde esa fecha, una parte significativa de las personas que provienen del Servicio de Alojamiento Temporal Urgente (ATU) pasan a ser alojadas provisionalmente tras un desahucio. Y eso implica también hacerse cargo de sus pertenencias.
![Oriol Soler, codirector de Abacus, en una imagen en TV3 / TV3](["https:\/\/a2.elespanol.com\/metropoliabierta\/2022\/10\/15\/vivir-en-barcelona\/710688930_9392390_320x180.jpg"])
Demasiados desalojos
Pero las estancias suelen superar los 3 meses previstos, por lo que la custodia de enseres también se alarga en el tiempo. El Institut Municial de Serveis Socials (IMSS) estudia medidas para reducir la temporalidad del ATU y mejorar la rotación, pero el elevado número de desalojos y la vulnerabilidad creciente de una parte de la ciudadanía han disparado las necesidades sociales y hacen imprescindible garantizar la continuidad del servicio.
Miembros de 'Stop Desahucios' logran frenar un desalojo / EFE
Por ello, el consistorio barcelonés gastará prácticamente 6 millones de euros en un servicio de custodia, transporte y tratamiento de los bienes personales de las personas desahuciadas.
Interés general
El contrato, según los responsables municipales, cumple una doble función: por un lado, social, garantizando la protección de los derechos materiales y la dignidad de las personas afectadas; por otro lado, una función logística y ambiental, asegurando el traslado, almacenaje y, si acaso, el reciclaje de los bienes.
![Bloc Papallona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/metropoliabierta\/2025\/03\/06\/eixample\/929167192_16088111_320x180.jpg"])
“El servicio responde a una necesidad estructural de interés general y su continuidad es indispensable para garantizar la protección de los derechos sociales y materiales de las personas más vulnerables de la ciudad”.
Casi 6 millones de euros
El consistorio ha formalizado un contrato con la empresa Aliance-Brother SL (que entra en vigor el 1 de junio de 2026) para el servicio de custodia temporal y tratamiento y recuperación de bienes de las personas desahuciadas que se eleva a 2.934.548 euros por los dos próximos años.
Sin embargo, se prevé una prórroga por dos años más, hasta 2030, por lo que el coste total del servicio se enfila hasta casi los 6 millones de euros.
