Generalitat y L'Hospitalet recurrirán la sentencia contra el PDU Gran Via-Llobregat

La Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y el Consorcio por la Reforma de la Gran Via de L'Hospitalet presentarán un recurso de casación a la sentencia negativa del Plan Director Urbanístico (PDU) de Gran Via-Llobregat.

Lo han anunciado este lunes en declaraciones a los periodistas el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, y la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, que pretenden llevar a cabo el proyecto que quiere impulsar la creación de un clúster sanitario.

ADECUACIÓN A LA SENTENCIA

Calvet ha explicado que este lunes se reunirá el consorcio para evaluar la situación en la que queda el proyecto y ha anunciado que, además del recurso de casación, el Govern también reformulará el proyecto de manera que se adecue a las especificidades de la sentencia.

Los aspectos a los que hace referencia la sentencia tienen que ver con la legitimidad de la Generalitat para impulsar un proyecto de estas características y una corrección sobre las áreas verdes.

Sobre el primer elemento, tanto Calvet como Marín han coincidido en destacar que se trata de un proyecto que "va más allá del municipio y del área metropolitana" y que se remarcará en la reformulación.

En cuanto a las zonas verdes, Calvet ha resaltado que se trata de un tema "subsanable" y Marín ha señalado que se corregirá, pero que el proyecto cuenta con "una superficie más de 10 veces mayor a la requerida de zonas verdes".

RETRASO DE UN AÑO

Marín ha explicado que la reformulación del proyecto y los demás trámites pueden conllevar un retraso adicional de un año y ha instado a "poner hilo a la aguja" para acortar los plazos lo máximo posible.

La alcaldesa ha destacado el potencial económico del proyecto, que generaría unos 20.000 puestos de trabajo, algo que Marín ha considerado muy importante en un momento en que se habla de "recuperación económica".

El PDU Gran Via-Llobregat fue aprobado en 2017 y tras tres años de ser analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se dictó una sentencia que lo anulaba.