Eloi Badia, investigado por delito ecológico, se defiende de las acusaciones de la Fiscalía

Eloi Badia ha negado este jueves que la incineradora de TERSA en Sant Adrià de Besòs emita gases contaminantes perjudiciales para la salud de las personas, después que la Fiscalía de Barcelona haya presentado una denuncia contra él, como responsable de la planta, por un presunto delito ecológico.

Según las explicaciones que ha dado el presidente de TERSA y concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, la compañía pública ha hecho "todos los análisis para acreditar que no había impacto sobre la salud" de los ciudadanos. "Si no era así, teníamos que actuar de urgencia", ha asegurado. Unos estudios realizados junto a la conselleria de Salut y otras entidades independientes y que, según el mismo Badia, "acreditaron que hoy en día no hay daño a la salud" de las personas.

La planta de TERSA en Sant Adrià de Besòs / TERSA

Asimismo, ha mantenido que su gestión al frente de TERSA ha estado enfocada a "mejorar el aspecto ambiental", y que cuando asumió el cargo tuvo claro que "este tema estaba al frente de todo". Por este motivo, desde que es presidente de la empresa se han destinado 18 millones de euros en mejoras en los filtros de la incineradora, ha defendido, hasta el punto que se ha convertido "en una de las más punteras de Europa".

EL ORIGEN ESTÁ EN UNA DENUNCIA DE AIRENET

En su denuncia, dirigida contra Badia y el jefe de explotación de TERSA, la Fiscalía de Barcelona apunta a que la planta presuntamente emitió gases contaminantes que supusieron "un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas" del entorno. Como máximos responsables de la gestión de la empresa, los denunciados "habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable", sostiene la fiscal.

El caso llegó a la Fiscalía después de que la coordinadora vecinal Airenet denunciara en 2018 el mal funcionamiento de la planta, con unos niveles de emisiones contaminantes muy "elevados" de los que ya alertaban artículos en publicaciones científicas. La investigación concluyó que la empresa no estaba controlando correctamente la temperatura de incineración de los residuos conforme a la legislación ambiental, como también detectó una inspección de la Generalitat en 2018.