Imagen de archivo del centro sociosanitario Federica Montseny de Viladencans / EFE
Nuevo revés para la familia Bagó: el gigante Serhs pierde 800.000 euros en Viladecans
La empresa Boris, 45 SAU se hace con la adjudicación de la restauración en el centro sociosanitario del municipio del Baix Llobregat
Noticias relacionadas
El grupo Serhs vuelve a tropezar en el ámbito hospitalario. La compañía de la familia Bagó, uno de los grandes emblemas del empresariado catalán vinculado al pujolismo, ha perdido la adjudicación del servicio de restauración anual del Centro Sociosanitario Frederica Montseny de Viladecans.
El servicio pasará a manos de Boris 45, S.A.U., empresa de la familia Sucarrats, por un valor máximo de 869.274 euros.
La filial del Grupo Familiar Sucarrats, S.L. (FAS) se encargará del servicio de cocina, alimentación y explotación de las máquinas de vending del centro público gestionado por CSC Atenció Social, S.L., entidad participada por el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).
Con esta adjudicación, el grupo Serhs pierde un contrato que había ostentado desde 2023 a través de Gaudium Serhs, S.L., otra de las filiales de su división de restauración colectiva, por un importe de 714.606 euros anuales.
Paradójicamente, el grupo ha conseguido importantes adjudicaciones de la Generalitat incluso en su peor momento financiero. El pasado marzo, Serhs logró contratos por 70 millones de euros para gestionar el servicio de restauración en varios hospitales del Institut Català de la Salut (ICS), incluidos Bellvitge, Viladecans, Joan XXIII de Tarragona y Arnau de Vilanova de Lleida.
El Centro Frederica Montseny de Viladecans
Mejor propuesta
El resultado del concurso ha sido claro: Boris 45, S.A.U. ha obtenido una puntuación total de 98,41 puntos sobre 100, frente a los 82,03 puntos de Serhs Food Area, S.L.U.
En los criterios automáticos, ambas empresas han obtenido puntuaciones muy similares —55,41 para Boris y 56,53 para Serhs—, pero en los criterios subjetivos, donde se evalúan aspectos técnicos, organizativos y de calidad, Boris se ha impuesto de forma rotunda: 43 puntos frente a los 25,5 de su competidora.
La propuesta técnica de la empresa familiar nacida en Barcelona presenta un mayor nivel de detalle, coherencia y adecuación a las necesidades del Centro Social y Sanitario Frederica Montseny, especialmente en aspectos como la planificación de menús, la organización de los equipos de trabajo y la gestión de dietas especiales.
Una de las trabajadoras de Boris 45
SERHS FOOD AREA, S.L.U. no ha logrado igualar la valoración de su competidora en los apartados cualitativos, con solo 25,50 puntos en los criterios subjetivos. La mesa de contratación ha destacado las diferencias más notables en la calidad del plan de menús, la metodología de trabajo en el centro, y la gestión de dietas trituradas y modeladas, donde su propuesta ha sido considerada menos ajustada a los requerimientos del servicio.
Este resultado supone un nuevo revés comercial para Serhs. El golpe es simbólico. La compañía con sede en Arenys de Munt, que llegó a controlar buena parte de la restauración pública catalana —hospitales, escuelas y centros penitenciarios—, ve cómo su hegemonía se resquebraja tras haber perdido otro contrato en Manresa a inicios de 2025 en plena lucha para mantenerse viva, con una deuda acumulada que supera los 144 millones de euros, según el balance de 2023.
Un centro sin plazas de residencia
La gestión del Centro Sociosanitario Frederica Montseny de Viladecans también ha estado rodeada de controversia en los últimos años debido a la pérdida progresiva de plazas públicas concertadas en el área de residencia para mayores.
El equipamiento, que durante más de una década funcionó como un centro de atención geriátrica y sociosanitaria en el Baix Llobregat, ha visto cómo la Generalitat reducía el número de plazas residenciales financiadas con fondos públicos, pasando de más de un centenar a poco más de 50 en apenas dos años.
Interior del Centro Sociosanitario Frederica Montseny de Viladecans
Este cambio de modelo, orientado a convertir el centro en un espacio puramente sociosanitario, ha provocado malestar entre las familias y colectivos de mayores, que denuncian que la medida ha dejado sin cobertura a decenas de usuarios dependientes que antes podían acceder a una plaza pública en el municipio.
Un gigante en horas bajas
El revés llega en un contexto financiero crítico para el grupo. Serhs, antaño una empresa próspera con un patrimonio superior a los 50 millones de euros, se encuentra hoy fuertemente endeudada, con pasivos que superan los 110 millones y recursos propios negativos.
La firma, presidida por Jordi Bagó Mons, hijo del histórico empresario Ramon Bagó, ha tenido que recurrir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que durante la pandemia le concedió préstamos por un total de 40 millones de euros.
Ramón Bagó recibiendo la Creu de Sant Jordi de manos de Jordi Pujol
Esos fondos públicos fueron destinados al pago de nóminas y a mantener la operativa básica, mientras la compañía renegocia por séptima vez en nueve años los vencimientos de su deuda bancaria.
Entre sus principales acreedores figuran Caixabank, Santander, Banc Sabadell y el Institut Català de Finances (ICF). El principal obstáculo para culminar la reestructuración es la falta de consenso con Caixabank, que se opone a ampliar los plazos de devolución.
Imagen de la cocina de alto rendimiento de Serhs
Del poder convergente al rescate público
Fundado en 1975 por Ramon Bagó, exalcalde convergente de Calella y exdirector general de Turismo de la Generalitat, Serhs creció al amparo de los gobiernos nacionalistas de Jordi Pujol, convirtiéndose en uno de los grupos más beneficiados por la contratación pública catalana.
A través de sus distintas divisiones —alimentación, hostelería, catering y servicios—, la compañía tejió una densa red de relaciones institucionales.
Durante los años de expansión, el conglomerado obtuvo numerosos contratos con el Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC) y el ICS, lo que dio lugar al conocido “caso Bagó”, cuando se descubrió que la patronal hospitalaria que presidía el propio fundador había adjudicado contratos a sus empresas. Aunque la causa fue finalmente archivada, la fiscalía reconoció la “flagrante incompatibilidad de los cargos” y el uso de contactos políticos para favorecer intereses privados.
