Los promotores denuncian la medida del 30% de vivienda social

Tal y como avanzó en septiembre Metrópoli Abierta, entidades representativas del sector inmobiliario han presentado un recurso contencioso administrativo contra la norma aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya que obliga a las nuevas promociones de la capital catalana a destinar el 30% a vivienda social.

La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya están detrás de la denuncia, pues entienden que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencias para legislar sobre vivienda.

PÉRDIDA DE VALOR DEL SUELO

La norma, una de las medidas estrella aprobadas al final de la legislatura por el equipo de Colau, obliga a los promotores a destinar el 30% de las nuevas construcciones a vivienda social. La normativa fue votada en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente aprobada por la Subcomisión de Urbanismo en la que participa el consistorio con la Generalitat.

Los promotores inmobiliarios se quejan de que la medida haría disminuir el valor medio del suelo en un 26%. En esta línea, en el comunicado en el que se ha anunciado el recurso denuncian la "ausencia de políticas de vivienda social en todo el Estado y la propia inactividad en la materia del Gobierno municipal".

EQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA

El sector considera que el problema de la vivienda viene dado por el "desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente y en la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente". Respecto a este último punto, culpan al gobierno de Colau de "inactividad" para impulsar vivienda social.